Los dueños de apartamentos turísticos avisan de «indemnizaciones millonarias»

El conflicto de la residencialización de las zonas turísticas sigue enrevesándose a la espera de que las administraciones adopten soluciones. En Gran Canaria, los propietarios y residentes en apartamentos turísticos (algunos los tienen en el alquiler vacacional) y asociados a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt), anunciaron ayer que han recurrido en la vía judicial la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, ya que no ha tenido en cuenta sus alegaciones «e insiste en un modelo de especialización turística y de expulsión de los vecinos».

Según señala, en la revisión del PIO el Cabildo de Gran Canaria no ha tenido en cuenta la disposición transitoria séptima de la Ley de Ordenación del Turismo al no reconocerse los usos consolidados recogidos en la Ley del Suelo y que permite el uso residencial para los que residen en sus apartamentos desde antes de 2017 ni el alquiler vacacional.

La presidenta de la Palt, Maribé Doreste, avisa de que si finalmente no se reconocen otros usos más allá del turístico tendrán derecho a «indemnizaciones millonarias» con un alto coste financiero para los ayuntamientos afectados. «La residencia temporal, alojamiento temporal no turístico, sólo cabe en villas. Es decir, ningún propietario podrá utilizar su apartamento o bungalow para sí mismo, en ningún periodo. Incluso aunque en el contrato con el explotador se contemple. Sólo lo podrá hacer como cliente», aseguran desde la Palt, que critican que el uso residencial «quede nuevamente demonizado».

Para la Palt detrás de este modelo no está el interés general. Favorece a los explotadores extrahoteleros establecidos, pretende perpetuar un modelo económico que ya no genera riqueza a través de la limitación de derechos y expulsa a los propietarios, residentes permanentes o temporales. «Aquí no se está pensando en el interés general sino solamente en cuatro del sector turístico que se están enriqueciendo y que solo saben poner la mano mientras piden derramas a los propietarios y siguen extorsionando como los señores feudales», indica Doreste, que acusa al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Turismo de no cumplir con la norma que permite los usos consolidados de estos apartamentos. «Es paradójico es que ninguno de los futuros ediles muestre interés, ni preocupación frente a una propuesta de municipio segregado, troceado, nacida de la intervención de personas que desconocen la realidad de nuestro territorio», señala.

Por otro lado, la Palt critica que se proponga un puerto deportivo de alta capacidad en el litoral de Bahía Feliz, en la zona de especial conservación Sebadales de Playa del Inglés «a sabiendas de las enormes afecciones ambientales que ocasionaría».

• Temas
• Gobierno de Canarias
• Canarias
• Alquiler de viviendas turísticas