El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.. / Efe

Los planes de pensiones de empleo tendrán una comisión máxima del 0,3%

El Ejecutivo quiere ampliar en las próximas décadas el número de trabajadores activos cubiertos por un plan colectivo

Clara Alba
CLARA ALBA

El plan de Escrivá para impulsar el ahorro privado de los trabajadores va tomando forma. Después de que el Consejo de Ministros aprobase la pasada semana el anteproyecto de ley que regulará los nuevos planes de pensiones de empleo, la memoria de impacto económico que acompaña al texto detalla que estos vehículos tendrán una comisión de gestión máxima del 0,3%. La cifra está por debajo del 0,4%que se había manejado en un principio, a la que se sumaría otro 0,1%de gastos de depositaría.

El Ministerio de Seguridad Social fundamenta esta propuesta en dos razones. Por un lado, señala que los fondos de pensiones de empleo de más de 100 millones de euros en activos bajo gestión, básicamente los planes de empleados públicos, tienen niveles base de costes de gestión inferiores a ese 0,3% en la actualidad y, según detalla el documento, «los fondos de empleo de promoción pública aspiran a tener cifras muy superiores a dicho patrimonio, del orden mínimo de 250 millones de euros.

En segundo lugar, se ha realizado un estudio basado en las cuentas de resultados de las entidades gestoras de este tipo de vehículos, las consideradas como «más significativas» y que previsiblemente engloben a las firmas de los grandes bancos.

El estudio concluye que los costes de estas entidades (incluyendo el imputado del capital regulatorio) «son muy inferiores al 0,30% de sus activos bajo gestión y podrían operar a largo plazo sin pérdidas en el entorno del 0,15%, por lo cual es esperable que las entidades gestoras adjudicatarias trabajen por debajo de ese límite aunque en el proceso de lanzamiento sus costes sean más elevados».

Con tiempo aún para negociar, es previsible que estos argumentos sean rechazados por la patronal de las gestoras, que ya alzó su voz contra el tope del 0,5% propuesto en un principio, al asegurar que muchas entidades no lo verían atractivo y no acudirían al concurso público para gestionar estos fondos.

Tal y como se adelantó la pasada semana, el documento también detalla que los activos de los fondos se invertirán teniendo en cuenta «el interés exclusivo de las personas partícipes y beneficiarias», y se deberán valorar la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones. Todo ello deberá responder a unos criterios que valoran los riesgos extrafinancieros y los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, alineados con los Principios para la Inversión Responsable (Unpri).

Además, las gestoras de los fondos de empleo tendrán que proporcionar en sus plataformas digitales la información sobre la evolución y situación de los derechos económicos en el plan, entre otras cuestiones como las modificaciones normativas o cualquier cambio de las especificaciones del plan.

El Gobierno espera tener aprobada esta normativa antes de que comience el segundo semestre de 2022.

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