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Canarias7 / Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 1 de enero 1970
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La decisión del director general del SCE, Sergio Alonso, tiene además carácter retroactivo a enero de este año y se fundamenta en la «más que dudosa interpretación» de una sentencia del Tribunal Supremo en relación a las personas que tienen una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, denuncia la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo.
En abril, el SCE ya comunicó a los centros especiales de empleo, entidades que emplean al 70% de las personas con discapacidad en las islas, que las personas que tengan una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, habían perdido la condición de personas con discapacidad.
Esto, según la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo pone en una situación muy comprometida la empleabilidad de las personas con discapacidad en Canarias y no solamente en los centros especiales, sino también en las empresas ordinarias y administraciones públicas.
La controvertida medida, sostienen, solo se está aplicando en Canarias y «puede significar la pérdida de la calificación y el cierre de los principales centros especiales de empleo que son los que más puestos de trabajo protegido generan en el archipiélago».
La Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo se reunió a principios del mes de abril Alonso para trasladarle «la preocupante situación en la que se encontraría la continuidad laboral de miles de personas en riesgo de exclusión social y los técnicos de apoyo a este colectivo», pero pese a comprometerse a que no se viesen afectadas las subvenciones hasta consultar al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), «a día de hoy ya se han suspendido las ayudas», denuncian.
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