El cereal, el arma sorpresa de Putin

Vladimir Putin ha convertido el ataque deliberado a la cadena de suministro global en su principal arma para defenderse de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión. Ya lo ha hecho con el gas, cuyas exportaciones representan en torno al 20% del comercio mundial y un 40% de las compras de la Unión Europea, con especial impacto en la industria alemana, motor económico continental.

Ahora, el bloqueo de las ingentes reservas de cereal almacenadas en silos en el puerto de Odesa, el principal del mar Negro, ha derivado en una reacción en cadena en la que el proteccionismo se ha convertido en la opción de muchos otros países para proteger su consumo interno.

India, otro de los grandes productores mundiales, ha sido de los últimos en restringir sus exportaciones de cereales, tras una mala cosecha provocada por la ola de calor temprana que derivó incluso en cortes de energía en la región. Pero según datos de la FAO, hasta 21 países lo habían hecho ya a cierre de abril de 2022, cifra que algunas organizaciones como Save the Children elevan ya a 53.

Los expertos coinciden en que la situación es ya insostenible para muchas regiones africanas y de Oriente Medio, que importan más del 50% de sus necesidades de cereales de Rusia y Ucrania. Países que, además, llevan años sufriendo en sus propias cosechas el impacto del cambio climático, que en los últimos años obligó a frenar la producción interna y a tirar de importaciones para su abastecimiento ante la escasa rentabilidad obtenida de sus tierras.

Entre los más dependientes de la producción agrícola de Ucrania se encuentran el Líbano (que importa del país casi el 75% del trigo que consume), seguido de Libia (40%) o Túnez (25%).

Con los puertos cerrados a cal y canto, se estima que Ucrania acumula todavía 25 millones de toneladas de cereal de su anterior cosecha en los silos de almacenamiento y en el puerto de Odessa, completamente minado. Y pronto llegarán los granos de la nueva cosecha aunque, según cálculos de la FAO, casi el 30% de las zonas cultivables en la región no podrán cultivarse por culpa de la guerra.

En las últimas semanas, Turquía se ha convertido en protagonista inesperado del conflicto al alcanzar un preacuerdo con Rusia para intentar desbloquear las exportaciones por mar (que el pasado año supusieron un 90% del total). Su plan era el de escoltar a los barcos que portan el grano. Pero Ucrania rechaza el contenido del acuerdo bendecido por Putin, al exigir Moscú poder inspeccionar los buques que salgan por la zona.

Las otras opciones que se barajan para dar salida al grano no parecen del todo factibles. Ucrania exporta al mes unos seis millones de toneladas por mar. Y la opción de hacerlo por vía terrestre no parece la mejor, pues los trenes solo tienen capacidad para un 10% de lo que se transporta en barco. También podría llevarse por el Danubio. Pero es el mismo problema: barcos más pequeños que no podrán dar salida a todo lo acumulado a la misma velocidad.

En este complejo entorno, la Bolsa de Comercio de Chicago, referencia donde cotizan estas materias primas, echa humo. Los precios de los cereales ya venían registrando notables subidas desde antes de la guerra. El mal tiempo, las malas cosechas y la crisis de suministro que viene ya del estallido de la pandemia provocó que el precio del trigo pasase de cotizar en una media de 496 dólares en 2019 a cerrar 2020 en 640 dólares. Después, se inició una senda alcista que dejó el precio del cereal por encima de los 800 dólares ya en 2021.

En marzo de este año, justo tras el estallido de la guerra , el trigo registró un máximo de 1.425 dólares. Es decir, el triple que antes de la pandemia. Esta semana, los precios se han moderado hasta el entorno de los 970 dólares, pero la subida en lo que va de año supera el 25%. Y si se compara con el dato de cierre de 2019, el encarecimiento del cereal se acerca al 75%.

«El corte de suministro de cereal afecta al mundo entero porque la alimentación básica de muchos países depende del trigo, sobre todo los más pobres», explica Juan Carlos Higueras, profesor experto en sector agroalimentario de EAE Business School, que reconoce que este es «un arma de guerra mucho más poderosa que los tanques y los misiles».

Los datos son contundentes. El Banco Munidal ya había estimado que la Covid-19 y el empeoramiento de las desigualdades en las rentas que conllevó la crisis podría llevar a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de este año. Basándose en los estudios de la institución, Unicef y Oxfam calculan que, ahora, solo por el incremento del precio de los alimentos a nivel mundial, otros 65 millones se sumarían a este colectivo, alcanzándose un total de 263 millones de personas en pobreza extrema más este año, «lo que equivale a las poblaciones de Alemania, España, Francia y Reino Unido juntas», denuncian desde la organización.

Según un informe elaborado por Acción Contra el Hambre, Oxfam, Unicef y Save the Children, en 38 millones de personas están ya en situación de inseguridad alimentaria en el Sahel occidental, «la peor crisis en 10 años». Desde estas organizaciones alertan que «en el Cuerno de África, tras la sequía más larga en 40 años, 23 millones de personas en Kenia, Etiopía y Somalia también se enfrentan al hambre extrema».

En el mismo sentido se han manifestado recientemente desde el Banco Mundial. «Si los sistemas alimentarios son poco sólidos, como vemos en muchos países en este momento, esto conducirá a nuevos conflictos, migraciones masivas, etc», advertía en un reciente seminario Juegen Voegele, vicepresidente de desarrollo sostenible del organismo. «Es preocupante que muchos países vulnerables paguen más, pero reciban menos alimentos», advierte también la FAO en su última edición del informe 'Perspectivas Alimentarias' publicado a principios de junio. A escala global, la prestigiosa publicación 'The Economist' también alerta de que se está gestando «una gran crisis alimentaria».

En este escenario, Bruselas ha emitido esta semana un informe alertando del impacto que esta nueva ola de hambre puede tener en regiones como el Magreb, Oriente Próximo o Latinoamérica, siendo los países del norte de África donde se centra ahora el principal foco de preocupación por una crisis que puede desatar revueltas sociales y una nueva avalancha migratoria hacia Europa con Grecia, Italia e incluso España como principales receptores.

A la guerra hay que sumar además la crisis por el cambio climático. Las olas de calor, inundaciones y sequías están afectando sobre todo a África, India y Pakistán, pero España tampoco se libra. Desde Asaja calculan que la cosecha de este año se verá mermada un 50% por la ola de calor en nuestro país, lo que hará subir aún más los precios por la falta de oferta ante una demanda creciente. Desde el Club de Exportadores, su presidente Antonio Bonet comenta que desde el comienzo del siglo XXI Ucrania se ha erigido, junto con Francia, en el principal proveedor de trigo para España, alternando entre ambas la primera y segunda posición.

Pero los pequeños agricultores y ganaderos no se beneficiarán de ello, más bien al revés, convirtiéndose en el eslabón más débil de la cadena. Los fertilizantes han subido de precio, al igual que la energía y qué decir de los carburantes. Hay que recordar que Rusia y Bielorrusia, ambos sancionados, son dos de los mayores productores de potasa, uno de los componentes claves del abono.

Los ganaderos también están pagando mucho más caro el pienso para sus animales, lo que encarece a su vez los precios de la carne. El profesor Higueras prevé que después del verano faltará carne de pollo en los supermercados porque son animales que comen mucho cereal y los ganaderos ya están saliendo a pérdidas, lo que «reducirá la producción y elevará muchísimo los precios».

«Los problemas en las cadenas de valor, lejos de estar suavizándose, se siguen acrecentando y hay una especial preocupación por el alza de los precios de los fertilizantes, en recientes máximos históricos que han provocado que algunos países dejen de utilizarlos, lo que entraña un serio riesgo para la seguridad alimentaria», aseguraba esta semana Cristina Herrero, presidenta de la Airef.

Durante una presentación sobre las expectativas económicas de la institución, Herrero recordó que el FMI también ha advertido que, en los próximos meses, este acceso a los fertilizantes será uno de los retos más importantes a escala global. Sus precios se han disparado un 20% este año. Y triplican los del anterior. «El rendimiento de los cultivos será menor si se utiliza menos fertilizante, y lo que se cultive será más caro de producir», advierte el organismo en otro análisis de la situación.

Además, la PAC también cedió a flexibilizar temporalmente los requisitos fitosanitarios (insecticidas) para la importación de cereal desde países donde antes estaba mucho más vigilado, como Argentina y Brasil, que en el pasado renunciaron a ser grandes productores. Algo que «amortiguará el efecto» de la falta de grano ucraniano, pero no dará para cubrir toda la caída, a lo que hay que añadir los precios a los que se importa este producto desde el otro lado del mundo, con barcos de mercancías que atraviesen el Atlántico.

Las principales organizaciones globales coinciden en que ha llegado el momento de tomar medidas más contundentes para atajar la situación. El tiempo corre y Bruselas ya ha comenzado a lazar la idea de establecer un nuevo pacto migratorio ante el desbarajuste social que se avecina en muchas regiones. Pero desde las principales ONG advierten que las ayudas deben ir a más.

Según indican desde Unicef, en muchos países de ingresos medios y bajos la financiación para el tratamiento de la emaciación grave depende en gran medida de los donantes a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Pero los niveles de inversión para la nutrición de los últimos años son «minúsculos» y se prevén que así sigan debido al gasto que estos años ha tenido que derivarse a paliar los efectos económicos y sanitarios de la pandemia. Las hipótesis más pesismistas apuntan a que la inversión no recuperará niveles anteriores a la pandemia hasta al menos 2028.

Los cálculos de UNICEF apuntan a que se requieren 725 millones de dólares por año para poder prestar el conjunto de intervenciones básicas necesarias para tratar la emaciación grave en 22 países del Plan de Acción Mundial. En la actualidad, la cifra disponible cada año suele ser más de la mitad de esa cantidad, de modo que se puede llegar a la práctica totalidad de los niños y niñas necesitados con tan solo 300 millones de dólares más de financiación. «El riesgo de no poder contar con los recursos suficientes para la respuesta humanitaria es una realidad en África, pero es probable además que los pocos anuncios de fondos humanitarios añadidos se destinen a responder en prioridad a la crisis en Europa», denuncian desde la organización.

De hecho, ya han detectado el cambio de afectación de fondos programados previamente para atender crisis graves como el Sahel, Siria, Yemen o Venezuela para cubrir los nuevos compromisos relativos a la crisis en Ucrania.