Los economistas anticipan un cambio de modelo; más viviendas pero de menores dimensiones

Durante la exposición de este informe, su coordinadora, la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez analizó la situación actual del parque de viviendas, del que se percibe que está perdiendo terreno la compraventa en favor del alquiler, que ha pasado de representar un 16,2% en 2011 a un 22% en 2021, lo que lleva a Canarias a ocupar los primeros puestos en viviendas de alquiler en el país.

Mientras se va dando este proceso, Rodríguez opinó que las distintas administraciones han perdido de vista el rápido avance económico y social de la población que está derivando en unas tendencias habitacionales diferentes. El tamaño de los hogares ha ido descendiendo y en 2020 los integrados entre una y cuatro personas representaron el 92,9%, destacando, particularmente, los de una y dos personas que conjuntamente suponen el 53,3%. Por tanto, se requiere de un mayor número de viviendas, si bien de menores dimensiones. «Para dar cobertura a esta situación es fundamental, no solo construir viviendas sino fomentar su rehabilitación, a fin de su adaptación a las necesidades habitacionales del momento», destacó Rodríguez.

Del mismo modo, expresó que el problema del binomio vivienda-población se encuentra enquistado desde al menos 2011, año que marca el final de un periodo en el que se registró el mayor incremento de viviendas y de población, fundamentalmente de la extranjera, que lo hizo de 2000 a 2011 en un apabullante 236%, llegando a representar actualmente en torno al 20% de la población, al cifrarse en 445.293 personas.

En este sentido, afirmó que «aunque por parte de los poderes públicos se insiste cada vez más en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y a precios asequibles para personas con dificultades, estamos ante un problema que ellos mismos han ido generando a lo largo del tiempo». En la misma línea, se mostró crítica con la labor de las administraciones al afirmar que «cuando se dictan leyes, no se hace una radiografía verdadera de cuál es el problema».

El hecho de que sean muchas las Administraciones Públicas a decidir, ha derivado en «muy poca agilidad y diligencia en la gestión para la promoción de vivienda pública y/o protegida y resto de ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables, aún cuando cuentan con recursos económicos suficientes para ello». Estas ineficiencias recaen en los particulares -pequeños y medianos-, con las restricciones al precio del alquiler de sus viviendas en el mercado libre en zonas tensionadas -aún pendientes de declarar- y por una mayor protección al inquilino frente a los desahucios, lo que resulta en indefensión para los arrendadores.

El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas concluyó que «tal vez sea el momento para coordinar a todas las administraciones de Canarias en materia de vivienda para conocer el parque de vivienda público real, el suelo disponible, las características de las viviendas a construir y/o rehabilitar y el régimen de tenencia, así como para actualizar los módulos a aplicar en la construcción y alquiler, agilizar las licencias de obras, entre otros aspectos».