El campo español exige contundencia al Gobierno frente a las acusaciones de Francia de competencia desleal

«Son declaraciones absolutamente falsas e indignantes», asegura Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). «Nos jugamos el prestigio y la economía», coincide Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. «Estas acciones salvajes –en referencia a los bloqueos– son un anécdota cuando se compara con un primer ministro que se atreve a decir que tenemos legislaciones diferentes; algo se tiene que decir desde el Gobierno de España», insiste.

La tensión amenaza ahora con abrir una auténtica crisis política entre el país y Francia. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió que «estamos en la Unión Europea y, por tanto, las normas de producción de comercialización son similares en todos los países miembros y todos las aplicamos igual; así que no hay ninguna ventaja competitiva por la aplicación de normas distintas».

Planas tachó de «absolutamente inadmisibles» los ataques a camioneros españoles en Francia, defendiendo la libre circulación de mercancías en la región. «Si nuestras frutas y hortalizas están en primer lugar, es por el trabajo de agricultores y ganaderos, por su calidad y competitividad y no por ninguna otra razón», sentenció.

En todo caso, agricultores y transportistas exigen mayor contundencia frente a las posibles consecuencias del conflicto. «El 75% de lo que exporta España en la UE se mueve en camión y la frontera francesa es estratégica para el paso de estas mercancías», advierte Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), solicitando al Ejecutivo español «que actúe de forma inmediata para proteger nuestra seguridad y nuestros intereses».

La asociación asegura desconcoer las gestiones del Gobierno, recordando que el pasado miércoles 24 de enero, junto a la Asociación Española de Cargadores (ACE) remitieron una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitar su mediación. «Misiva a la que, hasta la fecha, no han respondido», aseguran.

La inquietud por las consecuencias del conflicto se justifica con cifras. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes (Fenadismer) estima que más de 11.000 camiones cruzan a diario por la frontera de la Junquera y otros 10.000 por la de Irún en dirección a Europa; y cifran en 10 millones de euros diarios el coste de las paralizaciones. Costes de los que las aseguradoras no se responsabilizan en casos como estos, por lo que los expertos aconsejan a los afectados interponer demandas ante el Estado francés.

Fuentes del sector matizan que «aún es pronto para calcular las pérdidas reales». Pero recuerdan que «entre los meses de noviembre y febrero hay picos en los que el 80% de las frutas y hortalizas que se consumen fuera se importan del mercado español, sobre todo de las huertas de Murcia, Almería y Granada».

El hartazgo en el sector es absoluto. Desde COAG coinciden en que, con una política agraria común, «no entendemos que Francia no mencione otros productos como los que llegan de Marruecos». Pero la acusación de competencia desleal ha sido solo la puntilla para un sector que desde hace meses amenaza con protestas como las que ya se desarrollan en otros países europeos como Alemania, Polonia o la propia Francia.

Las tres principales organizaciones nacionales –COAG, Asaja y UPA– han convocado una reunión este martes que podría acabar en la convocatoria oficial de movilizaciones ante los desafíos que se avecinan, algunos distintos y otros comunes a los que han sacado a la calle a los agricultores en Berlín y París.

En España, por ejemplo, se consiguió una ley de la cadena alimentaria que ahora buscan replicar otros países y se ha logrado mantener la devolución del impuesto especial de hidrocarburos para gasóleo de uso agrícola, una de las principales reivindicaciones tras la crisis energética.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la nueva normativa europea medioambiental, que exige mayores inversiones en tecnología, bienestar animal o la limitación de fertilizantes. El sector denuncia que el calendario de adaptación es «poco realista» y, sin mayor presupuesto para llevarlo a cabo, «implicará mayores costes y menor producción, con lo que eso supone para la inflación».