La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / efe

Bruselas apremia a España a ejecutar los fondos «porque los plazos son claros»

Empresarios, sindicatos y también la OCDE reprochan al Gobierno el lento despliegue de las ayudas europeas

SALVADOR ARROYO Bruselas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado a España esta semana el último toque de atención. El ritmo lento de ejecución de los fondos europeos está teniendo su efecto en la recuperación, que no se alcanzaría plenamente hasta 2023.

Los desembolsos no llegan (no al menos a la velocidad deseada) y eso ha contribuido no solo a que la demanda de los hogares haya sido más débil, sino que obliga a revisar a la baja los indicadores de crecimiento (4,5% este año frente al 6,8% previsto). Sindicatos y empresarios no han ocultado tampoco su frustración por esa inercia que vienen advirtiendo desde hace semanas e incluso el propio Gobierno admite que la economía real no percibe aún en toda su envergadura el impacto de las ayudas del Plan de Recuperación.

España espera recibir por esa vía 19.000 millones de euros antes de que acabe el año: 9.000 ya se transfirieron en verano y los 10.000 restantes lograron el viernes luz verde de la Comisión Europea –en base al cumplimiento una serie hitos legislativos de reformas, no sobre ejecución de gastos– y que ahora deberá ser refrendado por el Comité Económico del Consejo europeo.

Fuentes consultadas por este diario mantienen –sin alusión expresa al país– que «como principio general, los Estados miembros deben aplicar el Plan de Recuperación y resiliencia respaldado por el Consejo» y recuerdan que incluye hitos y objetivos claros con plazos también claros. Pide, en definitiva, al Gobierno español ser consecuente. Y eso incluye total transparencia e «informar a la Comisión Europea lo antes posible de eventuales retrasos».

Riesgo de implementación

No existen, por ahora, indicadores a nivel europeo sobre el grado de implementación de los planes de recuperación en los Estados que permitan establecer una comparativa. En España, una estimación reciente de la fundación financiera Funcas cifraba en unos 5.700 millones los fondos con convocatoria abierta para este ejercicio; en torno a un 21% del total.

La fotografía general europea ganará nitidez en poco tiempo porque las normas que garantizarán la transparencia, calendario y destino del Next Generation, entraban esta semana en funcionamiento en Bruselas. Un amplio conjunto de indicadores que medirán incluso el gasto de esa 'bolsa' derivado a la acción social de los gobiernos o al impacto en empleo, formación y salud. Todo forma parte del compromiso de transparencia adquirido por la Comisión Europea.

El procedimiento asumido por los Estados ya es de por sí fiscalizador. La Comisión recuerda que el calendario de las solicitudes de pago se discute puntualmente durante los intercambios regulares de información «en los que se analiza el progreso hacia la implementación de hitos y objetivos». Cada Estado miembro puede presentar una solicitud de pago hasta dos veces al año y, en todo caso, con esa solicitud se han de demostrar la culminación de esos hitos y objetivos.

A continuación «la Comisión evaluará en un plazo de dos meses si considera que se han cumplido». Esta es la fase acaba de culminar para España –al menos en el análisis de la Comisión y que deberá esperar ahora el beneplácito del Consejo– para la transferencia de 10.000 millones de euros del primer tramo de ayudas del programa 'Next' y que el Gobierno español cruza los dedos para recibir antes de final de año.

Capacidad en duda

La cuestión es que la sombra sobre la capacidad del país para hacer uso del torrente de millones de ayudas europeas no es nueva. España no destaca por pilotar una rápida ejecución. Sirvan como referencia los fondos de cohesión del presupuesto anterior (2014-2020): el gasto efectivo fue del 49% de los más de 60.000 millones asignados. El matiz, en este caso, reside en dos variables: existe ya una decisión formalizada sobre el destino del 101% y un margen temporal de uso que se extiende hasta 2023.

Pero Bruselas admite cierto temor a posibles cuellos de botella, de España y de otros muchos países. Teme que las administraciones nacionales no puedan manejar con la suficiente eficacia todo el dinero a recibir de los fondos Next y tampoco de los fondos tradicionales que se contemplan en el presupuesto comunitario 2021-2027, tal y como dejó entrever hace dos semanas la comisaría de Cohesión y reformas de la UE, Elisa Ferreira.