La Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. / EP

Bruselas pone el foco en la abultada deuda de España y su elevado desempleo

Prorroga la cláusula de escape hasta 2024, pero advierte de que debe seguir la senda de la reducción de déficit público iniciada en 2021

OLATZ HERNÁNDEZ Corresponsal en Bruselas

El shock económico de la guerra en Ucrania, el segundo que experimenta la Unión Europea en dos años, ha llevado a la Comisión Europea a revisar sus planes fiscales. Bruselas apostó este lunes por mantener la cláusula de escape -que permite a los Estados miembro exceder los límites de deuda y déficit- el año que viene. La medida, incluida en su paquete de medidas para el semestre europeo, fue debatida también este lunes por los ministros de Economía de la zona euro (Eurogrupo) y no supone, en la práctica una barra libre para los Estados. El Ejecutivo comunitario ya ha advertido a diez países, entre ellos España, por los desequilibrios de sus cuentas públicas.

Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Rumanía y Suecia también han recibido un toque de atención del Ejecutivo comunitario, por su alto nivel de deuda y déficit. Pero el mayor tirón de orejas se lo han llevado Italia, Grecia y Chipre, quienes registran «desequilibrios excesivos» en sus economías.

En el caso de España, la UE incide en la alta vulnerabilidad del país «por su elevada deuda interna y externa, en un contexto de mucho desempleo». En el informe se detalla el enorme impacto de la guerra en la economía española, «sobre todo por el corte de las cadenas de suministro y el elevado precio de la energía».

Con todo, Bruselas es optimista y prevé un crecimiento económico del 4%, que permitirá a España mantener la senda de reducción de deuda. Tal y como detalló la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en 2021 el país logró reducir el déficit más de un 3% y la deuda pública en un punto y medio. «Este año también nos hemos marcado un objetivo ambicioso, el de rebajar tres y dos puntos la deuda y el déficit, respectivamente», aseguró. De este modo, España quiere situar el déficit por debajo de 3% del PIB y la deuda el déficit por debajo del 120% para 2025.

Según indicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, «la política fiscal europea debe dejar espacio para las inversiones en las transiciones verde y digital». La UE también quiere dar mayor cintura a los países europeos para las ayudas a los refugiados ucranianos y para reducir la dependencia energética de Moscú.

En una situación marcada por la alta inflación y el elevado precio de la energía, Bruselas considera que la expansión de esta cláusula proporcionará el espacio para que la política fiscal nacional reaccione con celeridad cuando sea necesario, a través de medidas temporales y específicas y con «la prudencia fiscal necesarias para garantizar la sostenibilidad».

Avala el plan de estabilidad

Pero la suspensión de las reglas fiscales tiene una fecha límite marcada en el calendario, previsiblemente, en 2024. A partir de entonces, los países europeos deberán ajustar sus cuentas públicas y mantener su déficit por debajo del 3% del PIB. Calviño aseguró este lunes que, con ese horizonte en mente, la Comisión Europea ha respaldado el programa de estabilidad de España.

Europa insiste en que vincular las pensiones con el IPC supondrá «mayores desafíos» para la estabilidad del sistema

En su análisis, Bruselas destaca que hay varias iniciativas «que tienen el potencial de acelerar el proceso de desapalancamiento» del sector público y privado. Recela, sin embargo, de la reforma de las pensiones y apunta que volver a vincularlas al IPC supondría «mayores desafíos para la sostenibilidad a largo plazo del sistema», que «solo se compensarían parcialmente» alargando la vida laboral.

De cara a 2024, el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis se mostró abierto a la reforma de las políticas fiscales y aseguró que Bruselas publicará sus primeras propuestas en otoño de este año. España ha sido uno de los países que ha defendido la revisión de las normas fiscales europeas para que se adapten a la situación de cada Estado miembro y dejen espacio para el crecimiento económico.