La CNMC inicia un expediente sancionador contra cuatro bancos por los créditos ICO

Estos avales fueron habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 2020, para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En particular, la CNMC investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO COVID. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.

Las conductas analizadas tienen origen en determinada información que la CNMC recibió a través del buzón electrónico. La Comisión activó este canal durante el estado de alarma del año pasado para que empresas y ciudadanos pusieran en conocimiento de la institución posibles prácticas anticompetitivas que se estuvieran produciendo en los mercados.

Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público.

Ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

Este expediente se inicia un día después de que el Ministerio de Economía informara que un total de 100 entidades financieras se han adherido al Código de Buenas Prácticas que establece el marco de refinanciación para clientes con financiación avalada aprobado por el Gobierno en el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia.

La adhesión a este Código supone la asunción de compromisos por parte de las entidades acreedoras para adoptar medidas sobre los préstamos con aval público concedidos a sus clientes y mejorar la coordinación con otras entidades, con el fin de ofrecer alternativas a los clientes que tienen en común y cuya situación financiera ha resultado especialmente perjudicada por la pandemia.

Su puesta en marcha fortalece la colaboración público-privada y permitirá facilitar alternativas a autónomos y empresas viables para la refinanciación de los préstamos con aval público concedidos entre el 17 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021.

Las 100 entidades adheridas representan el 77% de las que suscribieron los convenios de colaboración para la gestión de las Líneas de Avales y han concedido en torno al 98% del crédito con aval público. Esto permitirá que un gran número de empresas y autónomos que lo requieran tengan la posibilidad de acceder a las medidas aprobadas para aliviar su carga financiera.

Con el fin de reforzar la solvencia de las empresas y los autónomos, el Código de Buenas Prácticas establece las líneas de actuación para la gestión de las tres medidas aprobadas para los préstamos que cuenten con aval público.