La Autoridad Fiscal plantea dudas sobre los ayuntamientos por la plusvalía

Por un lado, que el gasto que finalmente se ejecute en el año sea el previsto. Y por otro, y esta es la gran novedad en el análisis presupuestario, advierte sobre el efecto que pueda tener en los ingresos de los ayuntamientos la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal y, por tanto, ha dejado sin efecto el propio impuesto que se cobra en las operaciones de venta, herencia o donación de un inmueble.

El Pleno ha evitado una ola de reclamaciones al establecer que solo puedan solicitar la devolución del tributo aquellos contribuyentes que ya tuvieran un proceso abierto antes de la sentencia. Pero las operaciones que se han cerrado desde el pasado 26 de octubre, fecha de publicación de la sentencia, no están pagando ese impuesto que el pasado año supuso ingresos por 2.500 millones de euros.

Y esta situación se prolongará hasta que el Gobierno apruebe la reforma del tributo. Unos cambios a los que se comprometió hace ya casi dos semanas -cuando se filtró el borrador de la sentencia- y que aún no se han puesto en marcha. La idea es eliminar los puntos inconstitucionales del impuesto y, según los expertos consultados, no se descarta que todo acabe en una nueva figura que sustituya a la plusvalía.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que la idea es aprobar esta nueva fórmula en el Consejo de Ministros de la próxima semana, que se celebrará el lunes al coincidir el martes 9 con la festividad de la Almudena.

Si no llegasen a tiempo, habría que trasladar el visto bueno al martes siguiente. Pero nadie dentro del Ejecutivo quiere llegar a eso, pues cuantos más días pasen sin reforma, más días pasan también los ayuntamientos sin percibir esos ingresos. De hecho, no se descarta que los cambios que se introduzcan en la nueva norma se lleven a cabo con efecto retroactivo, a fecha de la sentencia. Ni tampoco que su aprobación se realice mediante real decreto ley, con lo que se conseguiría acelerar su puesta en marcha tras la inmediata publicación en el BOE, en vez de realizarla mediante un proyecto de ley, como es habitual cuando se crea un nuevo impuesto o se modifica de forma sustancial.

Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer ya advirtieron en su voto particular conjunto contra la sentencia que el dictamen «provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aún habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto». Por este motivo, consideraban que se debería haber dado un plazo al legislador para que pusiera en marcha un sistema alternativo al actual para gravar las plusvalías.

El objetivo del Gobierno es evitar que los ayuntamientos sufran una merma de ingresos considerable en el periodo afectado. Algo que, según refleja el informe de la AIReF, podría poner patas arriba las estimaciones presupuestarias.

De momento, la institución presidida por Cristina Herrero se mantiene a la espera, y confía en que los ingresos recuperen niveles previos a la pandemia el próximo año. Por su parte, anticipa una capacidad limitada de gasto tras un año expansivo derivado de la pandemia, con suspensión de la regla de gasto incluída que ha permitido la aplicación de los remanentes de tesorería de años anteriores a gasto adicional.

De las grandes corporaciones locales, once prevén obtener déficit en 2021 mientras que, según las estimaciones de la AIReF, este número se reduciría a 8: los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Córdoba, Valladolid y Vigo, así como las diputaciones de Sevilla y Barcelona y el Cabildo Insular de Tenerife.

Para 2022, solo 6 de las grandes corporaciones analizadas prevén obtener déficit, mejorando todas ellas el resultado previsto para el próximo año 2021 situando el superávit conjunto en torno a 500 millones de euros. En las previsiones de la AIReF, solo tendrían déficit los Ayuntamientos de Bilbao y Valladolid.

Desde 2018, el superávit del grupo de grandes corporaciones locales se habrá reducido más de un 80%, destacando el caso del Ayuntamiento de Madrid que lo habrá reducido en un 90%.

Del mismo modo, la AIReF selecciona a los 25 ayuntamientos con riesgos de sostenibilidad para su evaluación. Y este año son los mismos que en el anterior ciclo, salvo Sanlúcar de Barrameda e Isla Cristina, que salen del análisis por presentar mejoras en su situación de sostenibilidad y los de Arroyomolinos, Lepe y San Fernando de Henares que entran por primera vez en este análisis.

Todos los ayuntamientos seleccionados mantienen su calificación de riesgo, salvo los de Algeciras, Los Palacios y Villafranca y Navalcarnero que empeoran su calificación; los de Ayamonte y Totana que mejoran; y el de Valdemoro que una vez evaluado sale del análisis por su notable mejoría.