Cristina Herrero, presidenta de la Airef. / ep

La Autoridad Fiscal cifra en 7.000 millones el coste del nuevo plan anticrisis

La institución presidida por Cristina Herrero rebajará sus previsiones ante las peores estimaciones para el consumo

COLPISA / EP Madrid

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cifrado en 6.989 millones de euros el coste del último decreto ley aprobado por el Gobierno para prorrogar la respuesta económica a la crisis energética, que en su conjunto ya supone un incremento del déficit público del 1% del PIB.

Así lo ha manifestado su presidenta, Cristina Herrero, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, a la que ha acudido este lunes a dar cuenta del Informe sobre la actualización del programa de Estabilidad 2022-2025.

En total, la AIReF cuantifica en 1.772 millones de euros de pérdida de recaudación la prórroga de las rebajas fiscales a la electricidad, ampliadas con la rebaja cinco puntos más, hasta el 5%, del IVA que grava la factura de la luz.

En este cálculo este organismo excluye la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7% que soportaban las empresas, al considerar que tiene impacto neutral en términos de déficit por ser un ingreso que se asigna a cubrir el déficit tarifario con el sistema eléctrico.

De los 5.217 millones de euros restantes, la AIReF estima en 3.465 millones la prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro del carburante, cifra en 1.257 millones las ayudas a particulares --540 millones las ayudas directas, en las que se enmarca el cheque a las familias por el coste de la inflación-- y 495 millones las ayudas sectoriales.

Previsiones

Aunque el escenario del Gobierno plantea una convergencia del déficit al umbral del Pacto de Estabilidad (3% del PIB) en 2025 y una senda de reducción de deuda, la AIReF considera que persisten elementos que aconsejan una estrategia de medio plazo que fortalezca la posición subyacente de las finanzas públicas y reduzca la vulnerabilidad a entornos adversos. Por ese motivo, mantiene viva su recomendación al Ministerio de Hacienda de establecer una estrategia fiscal de medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de forma realista y creíble la sostenibilidad financiera de las AAPP.

En este sentido, Cristina Herrero recordó que la sostenibilidad está en el foco de las orientaciones del ECOFIN. Aunque las reglas cuantitativas han sido sustituidas por orientaciones, para 2023 se han incorporado ya ciertos elementos cuantitativos y apuntan a sendas de ajuste después del 2023. En concreto, se ha recomendado a España una senda fiscal prudente con un crecimiento del gasto corriente con financiación nacional inferior al PIB potencial que, de aplicarse, llevaría a un déficit inferior a las previsiones de AIReF y del Gobierno. Más allá de 2023, se recomienda una senda de reducción de la deuda creíble y gradual.

Por otro lado, la AIReF formula una nueva recomendación sobre la necesidad de destinar los ingresos que se materialicen por encima de lo previsto y aquellos de carácter temporal a acelerar la necesaria reducción del déficit estructural y evitar incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural que no cuenten con una financiación también estructural. Y otra recomendación sobre la importancia de evaluar el impacto de las medidas ya adoptadas en términos de eficiencia, eficacia e impacto redistributivo antes de, si fuera necesario, decidir su eventual prórroga.