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Canaris7 /Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 8 de mayo 2020, 09:49
Un total de 366.654 trabajadores por cuenta ajena perciben en Canarias alguna prestación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como las relativas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor concedidos por la pandemia de la Covid-19.
Según los datos a cierre de abril del SEPE, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la provincia de Las Palmas tienen reconocida la prestación 195.863 personas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife se registran 170.791 perceptores.
Solo en abril se reconocieron 245.689 prestaciones en el archipiélago (134.689 en la provincia de Las Palmas y 111.000 en Santa Cruz de Tenerife), una cifra que, según destaca la Delegación, da cuenta del enorme volumen de trabajo al que están haciendo frente los empleados y las empleadas públicas del SEPE en Canarias.
En total, el importe de la nómina mensual de prestaciones reconocidas por el SEPE a los trabajadores por cuenta ajena en Canarias en el mes de abril asciende a 346.568.853 euros, de los que 190.237.598 euros corresponden a la provincia de Las Palmas y 156.331.255 euros a Santa Cruz de Tenerife, según informó ayer la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal han recibido en abril en Canarias 28.256 solicitudes colectivas de ERTEs, en las que se incluyen a 205.506 personas, 112.615 de Las Palmas y 92.891 de Santa Cruz de Tenerife. «Estos datos dan muestra del esfuerzo que está realizando el Gobierno de España y los empleados de la administración pública para que ningún canario se quede atrás y pueda garantizarse unas condiciones económicas suficientes para satisfacer sus necesidades y las de su familia», afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
El delegado del Gobierno ha resaltado que a las prestaciones a los trabajadores por cuenta ajena, hay que añadir la prestación extraordinaria por cese de actividad que perciben en Canarias unos 50.000 autónomos, el 95% del total de solicitantes.
A juicio de Pestana, Canarias se encuentra bien protegida por el «escudo social» puesto en marcha por el Estado ante la amenaza que supone para el archipiélago el frenazo y las restricciones en sectores como el turismo, tan importante en términos de creación de riqueza y empleo en las islas.
Además, ha recalcado que el Gobierno de España garantiza además que en el escenario de transición progresiva a la nueva normalidad las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor que las motivó.
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