HMK, el fondo tras el que estaba Miguel Ángel Ramírez

10/11/2019

José Lucas Cruz admitió en mayo ante la prensa que en la hoja de ruta del fondo podría estar la UD Las Palmas. Era el mismo fondo con el que se negociaba para dar liquidez a la red de empresas del dueño del club amarillo. José Lucas Cruz fue detenido por una presunta estafa.

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CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A comienzos de mayo de 2019, José Lucas Cruz, ahora detenido por una presunta estafa a la Diputación de Ourense, era algo más que el representante legal en Europa del fondo de inversión norteamericano HMK Holdings: era la persona que lideraba un proyecto para hacerse con el control de los dos clubes señeros en Gran Canaria, el de baloncesto que milita en la ACB (Herbalife Gran Canaria), y el de fútbol que preside y del que es dueño Miguel Ángel Ramírez (Unión Deportiva Las Palmas). La primera de las opciones se frustró en plena precampaña electoral y la segunda quedó congelada unos meses a la espera de que pasase la polémica.

José Lucas Cruz fue detenido, según avanzó el periódico Faro de Vigo, tras detectar la Diputación de Ourense que unos 800.000 euros en subvenciones a colegios profesionales habían terminado en cuentas de Madrid, Gran Canaria y el extranjero, en un trasiego en el que habría intervenido un experto informático.

José Lucas Cruz apareció en mayo como intermediario en lo que era algo más que una operación deportiva, pues iba unida a la búsqueda de fondos para las empresas de Miguel Ángel Ramírez, que dos meses (en marzo) se había encontrado con una querella admitida a trámite presentada por la Fiscalía por presuntos delitos fiscales al crear un entramado empresarial, con entrada y salida de fondos de manera supuestamente ilegal y con la tesorería del propio club de fútbol como partícipe en esa red de intereses.

«Este es el primer club deportivo en el que la empresa a la que represento va a invertir dinero. ¿Invertir en La UD Las Palmas? El futuro está abierto, pero no hay nada previsto». Con esas palabras finalizó su comparecencia ante los periodistas José Lucas Cruz acompañado del presidente de la Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno. Era la puesta en escena de un preacuerdo por el que HMK optaba a «poseer la mayoría del accionariado» del equipo para así «gobernar» el club. El Cabildo, sostén económico de la entidad deportiva, daba inicialmente su visto bueno.

José Lucas Cruz presentó entonces al citado fondo como «dueño de grandes empresas que gestionan residuos en energías renovables, propietaria de hoteles en Miami, Indonesia, Bahamas, Canarias... Y ahora queremos publicitarnos a través del Club Baloncesto Gran Canaria (el Herbalife Gran Canaria)».

Lo que no contó es que ya había conversaciones más que formales con Miguel Ángel Ramírez por acciones de la UD Las Palmas. Este periódico ha accedido a fuentes jurídicas vinculadas a aquella operación que son testigos de esas negociaciones.

Y las empresas de Miguel Ángel Ramírez contaban con una aportación de capital del citado fondo para sanear sus cuentas. Cabe recordar que en junio de 2018 Ramírez vendió Seguridad Integral Canaria al que durante años fue su mano derecha, Héctor de Armas, contra el que luego se querelló y al que responsabilizó de la mala situación de la compañía.

Tras salir de la compañía de seguridad, Ralons apareció como la principal actividad empresarial de Ramírez, donde los problemas por retrasos en las nóminas han derivado en conflictos con el personal, paros de los trabajadores y expedientes administrativos para la rescisión de contratos. El más reciente, y sin resolver, es el de la limpieza en centros de salud de Tenerife, donde la Consejería de Sanidad sigue a la espera de un informe del Consejo Consultivo para retirar la concesión, mientras que los representantes de los trabajadores hablan de impagos en siete nóminas.

En ese contexto, cabe situar el relato que hace la fiscal Evangelina Ríos en la querella contra Miguel Ángel Ramírez y ocho personas más de un entorno -entre ellos, varios familiares y también Héctor de Armas- por presuntos delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. Esa querella tiene su origen en las investigaciones de Hacienda,que habría destapado una red de empresas fantasma con las que, presuntamente, opacaría capitales que suman los 37 millones de euros. Tras conocerse la admisión a trámite de la querella, Ramírez negó los hechos y se escudó en que sufre una persecución a manos de la fiscal Evangelina Ríos.

Según el auto judicial de admisión a trámite, el magistrado aprecia indicios de hechos presuntamente delictivos que, aparentemente, tenían como finalidad el desvío de fondos desde Seguridad Integral Canaria a otras empresas de las que el titular real era en realidad el propio Miguel Ángel Ramírez. Este se habría servido de personas allegadas que actuaban como meros detentadores de las participaciones o cargos sociales, para así evitar que fuese descubierta su finalidad real, que no era otra que desviar esos fondos para evitar el embargo de SIC.

Como ya adelantó en su día este periódico, en la querella se recoge que Ramírez, para evitar pagar las numerosas deudas que pesaban sobre SIC, llegó a vender acciones de la UD Las Palmas de las que era titular SIC, sobre las cuales se acordó su embargo el 9 de noviembre de 2017, pero que no pudo llevarse a efecto al hacerse con ellas el propio empresario. Según la querella, esa venta se habría hecho de manera fraudulenta pues se hizo por importe del valor nominal de cada acción, pese a que su valor real era superior. Asimismo, para fundamentar aún mas el negocio ficticio empleado para evitar el embargo, señala la fiscal que, pese a esa venta, SIC no percibió dinero alguno como contraprestación y, para ello, se recurrió a un presunto crédito a favor de Ramírez de más de 200.000 euros, cantidad que él habría prestado a la tesorería de la sociedad.

Esa transferencia de fondos se omitió, a la vez que Ramírez adeudaba a SIC unos dos millones de euros, los cuales, debido al aplazamiento de la cantidad hasta 2035, a efectos contables no aparecían en los balances como deuda. A pesar de eso, Ramírez adquirió de SIC acciones de la UD, justificando el pago de las mismas con ese dinero transferido a la empresa cuando en realidad, debería haber sido a cuenta de la deuda que él mismo tenía con SIC, logrando así evitar que se descubriera tal agujero económico.

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