Los profesionales de la danza en Canarias alzan la voz por la gestión de las ayudas y las convocatorias
La asociación PiedeBase denuncia los problemas detectados en las iniciativas para el sector por parte del Gobierno y de los cabildos capitalinos
La Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias, PiedeBase, emitió este jueves un comunicado a través de su web y sus redes sociales en el que manifiesta su profunda preocupación por la gestión de las subvenciones y convocatorias públicas en materia de cultura dentro del archipiélago. Esta organización, que representa al grueso de las y los artistas de la danza de las Islas, denuncia en concreto los procedimientos que emplea el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (ICDC), así como los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife.
«Lo que debería ser un sistema de fomento y acompañamiento a la creación, la mediación y la investigación cultural, se ha convertido en una maquinaria que reproduce desigualdades, impone riesgos financieros inadmisibles y dificulta el acceso a quienes sostienen la vida cultural del archipiélago», indica PiedeBase en su comunicado.
El texto de la asociación aborda la problemática a través de siete puntos diferentes: temporalidades, bases específicas, falta de líneas de apoyo clave, inseguridad jurídica, incremento del control, propuestas de mejora y sistemas de diálogo. A través de ellos, analiza el funcionamiento de las convocatorias recientes y constata dilemas como «retrasos, retroactividad, cambios unilaterales de criterios, falta de diálogo y deficiencias de comunicación».
Lo que da como resultado, según remarca el comunicado, un «ecosistema frágil, donde solo quienes pueden adelantar dinero, asumir pérdidas o absorber incertidumbre llegan a ejecutar proyectos».
Para Piedebase, una de las principales deficiencias de las ayudas y subvenciones tiene que ver con el retraso sistemático de la publicación de las convocatorias. Una práctica que en muchos casos obliga a justificar proyectos ya iniciados, o incluso finalizados, y que ha convertido al propio mecanismos de apoyo en una trampa administrativa que penaliza a quienes no disponen de liquidez suficiente para adelantar gastos. Como ejemplo, destacan convocatorias impulsadas desde el Gobierno de Canarias en 2025, como las ayudas para Proyectos culturales (pequeño y mediano formato), Proyectos culturales de gran formato, Movilidad y Producción de Artes Escénicas, todas publicadas con una antelación insuficiente para que su resolución y abono tenga lugar antes del inicio de ejecución del proyecto.
En los cabildos de las islas capitalinas
Algo similar ocurre con las convocatorias lanzadas por los cabildos de las islas capitalinas. Si bien la asociación admite que el de Tenerife «ha mostrado plazos más ajustados a la realidad de producción», el de Gran Canaria «ha operado en 2025 solo con subvenciones nominadas a ayuntamientos y entidades, sin convocatorias públicas abiertas». Es más, a este respecto, PiedeBase recalca que la gestión ha sufrido irregularidades en algunos casos, dado que las resoluciones nominativas se formalizaron en septiembre, «exigiendo la ejecución y justificación de los proyectos antes de finalizar el año, en apenas tres meses», indica.
Dada esta situación, la asociación propone como estándar mínimo que toda convocatoria se publique con al menos 90 días de antelación a la fecha de inicio de los proyectos, de modo que la resolución y el abono de las ayudas se realicen antes de la ejecución de las actividades.
Asimismo, la organización destaca la importancia de crear «calendarios públicos y coherentes con la vida real de los proyectos» y, por otro lado, «la prohibición de convocatorias retroactivas que obliguen a justificar a destiempo».
Bases incoherentes
El comunicado denuncia, a su vez, criterios contradictorios en las bases de las convocatorias. En particular, indica que el Gobierno de Canarias exige justificar el 100% del presupuesto presentado «aunque la cuantía finalmente concedida sea menor». Se produce así una incoherencia en lo que respecta a la finalidad de estas ayudas, dado que «las subvenciones adjudicadas se recortan incluso a menos de la mitad de lo solicitado en la convocatoria», como PiedeBase reconoce que ocurre frecuentemente en proyectos culturales de pequeño y mediano formato, y en producciones de artes escénicas.
De igual forma, la asociación, que reclama un diálogo fluido con las administraciones, critica las limitaciones temporales arbitrarias de los cabildos capitalinos, como la imposición de períodos de ejecución de apenas 45 días y el favorecimiento de las ayudas a proyectos de ocio y entretenimiento en el caso del de Tenerife, algo que da lugar a iniciativas de corta duración, sin procesos de mediación y experimentación y, por tanto, con poco impacto. Una situación igual de preocupante se vive en Gran Canaria, con un cabildo que no cuenta con líneas activas de producción escénica o de creación artística en las convocatorias generales de proyectos culturales, limitando así la movilidad y la actividad profesional del sector en la isla. De igual forma, la asociación recalca que «la mayoría de las ayudas vigentes se canalizan mediante subvenciones nominativas a ayuntamientos o entidades concretas, sin convocatoria pública abierta».
Detecta la «falta protocolo ante incidencias y seguridad en los procedimientos» del ICDC
El comunicado de PiedeBase también subraya las deficiencias comunicativas por parte del Gobierno de Canarias, a través del ICDC. «Falta protocolo ante incidencias y seguridad en los procedimientos», remarca el comunicado. A través de ejemplos referentes a las convocatorias del año 2024, la asociación expone como evidencias la falta de notificaciones claras sobre la aceptación de justificaciones, pagos realizados el último día del año, denegaciones relacionadas con fallos de justificación (sin opción a subsanar la documentación, en contra de lo que marcan las propias bases de las ayudas de pequeño y mediano formato) y ambigüedades respecto a lo que se considera subsanable. Estas contradicciones también están presentes en los mecanismos de control y justificación de cuentas. Aunque la asociación considera pertinente la justificación de cuentas, también considera que existe asimetría: «a las agentes culturales se nos exige inversión previa, control exhaustivo y cero error, mientras que las malas prácticas institucionales (retrasos, retroactividad, ambigüedad) no se corrigen e incluso se agravan», declara. «No pedimos privilegios; pedimos equidad procedimental».PiedeBase echa en falta «un protocolo público de comunicación, con plazos de subsanación garantizados y actos administrativos notificados en tiempo y forma».
