Imagen promocional de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con su director titular y artístico, Karel Mark Chichon. / C7

El segundo recurso al concurso para gerente de la OFGC pide «retrotraer» a la primera fase

Tras su misiva de protesta al presidente del Cabildo, uno de los finalistas pide la «nulidad de pleno derecho» del fallo de la Comisión Ejecutiva

Victoriano Suárez Álamo
VICTORIANO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

El segundo recurso de alzada contra el fallo del concurso público para la designación del nuevo gerente de la Fundación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) ya se ha presentado, tal y como el finalista de la convocatoria, identificado con las iniciales CMJ, avanzó en su carta de protesta al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

El recurso de alzada, recibido en la sede de Fundación OFGC, se sustenta en los siguientes hechos y fundamentos jurídicos: «Irregularidades durante todo el proceso de selección. Vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos».

A la vista de esta situación, CMJ –iniciales con la que se le ha identificado durante todo el proceso selectivo en la página web de la OFGC y que ha pedido a este periódico que sigan como su identificativo por el momento– solicita dos actuaciones concretas al final del recurso. Por un lado, «declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución de 31 de julio de 2020, de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, por la que se acuerda aprobar la selección del candidato Christian Roig Puig como gerente de la citada Fundación».

También pide «retrotraer las actuaciones al momento posterior a la finalización de las pruebas de la primera fase, de manera que los candidatos CMJ (esta parte), IMAO y NMM puedan defender de nuevo sus proyectos de gestión ante el Tribunal, partiendo de la valoración de méritos que apareció publicada como Listado provisional de la primera fase: concurso de méritos».

Este recurso se suma al presentado por el o la participante en el concurso con las iniciales NMM, del que ha informado desde este lunes este periódico.

Para CMJ, «el proceso de elección del gerente» de esta Fundación, a la que el Cabildo destina casi 9 millones de euros cada año, «ha estado plagado de irregularidades desde que se presentaron las instancias de los candidatos». «De estas irregularidades se ha beneficiado directamente el candidato que ha resultado finalmente ganador, Christian Roig Puig (CRP en las siglas utilizadas durante el concurso), quien debió ser directamente excluido del proceso desde el inicio, y a quien no se debió permitir aportar documentación adicional que, al entender de esta parte, fue determinante para que ganara el concurso», especifica en el recurso.

Denuncia que no se respetaron ni la estipulación séptima ni la novena de las bases. La primera apunta que «en ningún caso se podrá recibir nueva documentación a la enviada durante el plazo de presentación de instancias». La siguiente, dice el recurso, señala que finalizado el plazo de admisión se publicará el listado de admitidos y excluidos, con el objetivo de que los segundos «puedan subsanar» la documentación presentada en un plazo de tres días hábiles.

En ese listado, el ganador del concurso aparece excluido por «documentación no recibida». El único que figura como admitido es el firmante de este recurso, mientras que «en el caso del CRP (el ganador) ni siquiera constaba su DNI». «Pues bien, estos candidatos [alude al ganador y a otros tres más que figuran como excluido por no recibirse su documentación] debieron ser inmediatamente excluidos sin posibilidad de acogerse a los tres días hábiles que se daba en ese mismo documento para la subsanación de errores».

Aclara que «no es lo mismo no presentar ninguno de los documentos preceptivos con el único fin de ganar tiempo y disponer de más plazo que el resto de los candidatos para presentar la documentación. No es lo mismo presentar una fotocopia ilegible o una declaración jurada en documento privado (cuando debe presentarse en documento público) que no presentar documentación alguna con el único fin de hacer que conste la instancia». «Es claro –añade– que estos candidatos incurrían en un fraude de ley al intentar aprovechar ese trámite de subsanación a su favor para ganar más tiempo».

Denuncia también irregularidades en esta instancia del concurso el caso de los candidatos GV y EEMT que, «aunque no afectan al resultado final», apunta CMJ, «sí indican cuál ha sido la tónica durante todo» el proceso.