Miquel Iceta. / EP

Miquel Iceta | Ministro de Cultura

«No queremos como patrimonio algo obtenido de forma ilegítima»

«Hemos pedido a los museos nacionales que velen por el origen de todas las obras expuestas o depositadas en esas instituciones para evitar cualquier tipo de origen dudoso», afirma el ministro

Iker Cortés
IKER CORTÉS Madrid

El Museo Nacional del Prado recopiló y publicó este martes el listado completo de las obras depositadas en sus colecciones provenientes de la Comisaría General de Defensa del Patrimonio Artístico. Son 25 piezas que fueron «probablemente» confiscadas por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil y entregadas al museo al término de la conflagración.

«Lo que está haciendo el Museo del Prado está muy bien hecho y se enmarca en la politica del Ministerio», valoró esta misma mañana el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Fue más allá al explicar que se ha pedido a todos los responsables de los museos nacionales que dependen del Ministerio que «velen por el origen» de todas las obras expuestas o depositadas en esas instituciones «para evitar cualquier tipo de origen dudoso».

Iceta puso como ejemplo unas obras incautadas a Pedro Rico, alcalde de Madrid durante el periodo republicano, cuyos bienes fueron incautados por la Junta del Tesoro Artístico el 9 de junio de 1938 y entregadas a depósito en la posguerra por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. «Y era patrimonio -especificó el ministro-, pero sus titulares eran privados». Según contó Iceta, en enero de 2022 la abogada de la familia facilitó un dosier de las obras incautadas para tratar de localizar su paradero, algo en lo que se puso a trabajar la Dirección General de Patrimonio Cultura y Bellas Artes, dependiente del Ministerio. Hasta el momsnto se han conseguido documentos procedentes del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y tres de las obras de arte que constaban como paradero desconocido. «Nosotros -continuó Iceta- queremos que todas las obras depositadas en las entidades tenga perfectamente acreditado su origen y si se hubiese producido una incautación injusta e irregular por causas como la guerra o lo que pasó después, hacer un procedimiento de devolución». Por otro lado, en el caso de los documentos, «seguimos dispuestos a que sigan custiodados por los organismos oficiales, pero si son documentos particulares y las familias los reclaman para sí, no hay más que hablar. Nosotros no queremos tener como patrimonio público algo que ha sido obtenido de forma ilegítima y por lo tanto vamos a trabajar en esa dirección».