Otro varapalo judicial para la Sociedad de Promoción y Serral

La magistrada Gemma López Fernández, del Juzgado de lo Social nº1 de Las Palmas de Gran Canaria, considera probado en su sentencia la existencia de una «cesión ilegal de trabajadores» entre la Sociedad de Promoción y la empresa Serral Organización y Gestión de Archivos, tal y como habían denunciado cinco trabajadores de las bibliotecas municipales.

Victoriano Suárez Álamo
VICTORIANO SUÁREZ ÁLAMO

En su dictamen, la magistrada apunta que Leticia Santana Alvarado, Begoña Pino Mendoza Cubas, María del Pino Ascanio Santana, María Mesalina Rodríguez Sánchez y Ariel Brito Jiménez deben ser «reconocidos como trabajadores indefinidos de la Sociedad de Promoción Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria SA, con la antigüedad del hecho probado primero y salario según Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento».

La Sociedad de Promoción y Serral, especifica Gemma López Fernández, tienen «cinco días hábiles» para presentar «un recurso de suplicación», que resolvería la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Esta sentencia sigue las tesis que ya defendió en su fallo, el pasado 18 de mayo, el magistrado Óscar González Prieto, del Juzgado de lo Social número 9 de la capital grancanaria, que declaró «nulo» el despido del trabajador Ramón Jonay Rivero Morro, que ejercía en la Biblioteca Josefina de la Torre, y obligaba a su «inmediata readmisión en el mismo puesto de trabajo y con las mismas condiciones laborales que venía ocupando», así como al «abono de los salarios dejados de percibir».

En aquella primera sentencia, a la que alude la magistrada Gemma López Fernández en el punto tercero de los fundamentos de derecho de su dictamen, ya se dejaba constancia de la existencia de una «cesión ilegal de trabajadores institucionalizada», entre la Sociedad de Promoción y la empresa Serral, en las bibliotecas municipales.

Estos cinco trabajadores «fueron contratados formalmente por la entidad Serral, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas SL, para prestar servicios como auxiliares de biblioteca, con contrato de trabado indefinido y jornada de 25 horas semanales», señala la sentencia en los Hechos probados.

Ariel Brito ejerce en la biblioteca pública Dolores Campos-Herrero; Leticia Santana Alvarado, en la de Lomo Los Frailes; Begoña Pino Mendoza Cubas, en la de San Juan; María del Pino Ascanio Santana, en la Néstor Álamo; y María Mesalina Rodríguez Sánchez, en la Isabel la Católica, todas en la capital grancanaria.

Alegaban la existencia «de una cesión ilegal de trabajadores, señalando que los trabajadores de Serral, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas SL, con categoría profesional de auxiliar de biblioteca, realizan las mismas funciones que los técnicos auxiliares de biblioteca que prestan sus servicios para la entidad Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Anónima, realizando sus funciones con los medios y directrices de la entidad Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, SA», recuerda el fallo.

Por su parte, «las codemandadas» apuntaron que se estaba ante «un supuesto de descentralización productiva lícita, en virtud de un contrato de prestación de servicios válido». La sentencia lo tumba y apunta que Serral «carece de capacidad organizativa alguna del servicio», por lo que se tiene que «atener» a la Sociedad de Promoción.