Varapalo judicial para la Sociedad de Promoción municipal

12/05/2018

El magistrado Óscar González Prieto, del Juzgado de lo Social número 9 de la capital grancanaria, ha condenado a la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento capitalino y a la subcontrata Serral por «despido nulo» de un trabajador que ejercía en la biblioteca Josefina de la Torre a «la inmediata readmisión» de éste, «en el mismo puesto de trabajo y con las mismas condiciones laborales que venía ocupando», así como al «abono de los salarios dejados de percibir».

En concreto, el fallo estipula que el trabajador, Ramón Jonay Rivero Morro, debe percibir «28,83 euros diarios» desde la fecha del despido «hasta que la readmisión tenga lugar».

Cabe «un recurso suplicación» contra la sentencia, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que debe presentarse en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación a las partes.

La sentencia también da la razón a este trabajador, que consideraba «haber sido objeto de prestamismo ilícito o cesión ilegal de trabajadores, siendo su despido una reacción frente al ejercicio de su derecho al demandar la declaración de tal situación».

El magistrado Óscar González Prieto considera que «la entidad Serral, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas SL carece de capacidad organizativa alguna del servicio de bibliotecas, debiéndose atener, en todo caso, a las pautas e instrucciones procedentes de las coordinadoras del servicio», que competen, tal y como queda reflejado en la sentencia, a la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento.

Ante esta situación, el magistrado se muestra tajante: «Acreditada la existencia de cesión ilegal de trabajadores, las consecuencias han de ser las previstas en el artículo 43 del RDLeg 2/2015 (Estatuto de Trabajadores), adquiriendo el trabajador la condición de trabajador fijo de la entidad Promoción de la Ciuedad de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Anónima, vista la opción, con la responsabilidad solidaria impuesta legalmente a las entidades partícipes de tal ilícito proceder».

Declarada «la existencia de cesión ilegal», el juez considera que «la potestad disciplinaria, en su máxima expresión, ha sido desplegada por quien no es su titular, lo que bastaría para la calificación del despido como improcedente». El juez habla incluso de «cesión ilegal institucionalizada», que se deriva «del pliego de condiciones» laborales.

La sentencia reproduce la carta de despido recibida por este trabajador, fechada el 21 de agosto de 2017, y remitida precisamente por Serral, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas SL y no por la Sociedad de Promoción, a quien atribuye el magistrado esa potestad.

Las causas del despido, según Serral, son «disciplinarias» por supuestas desavenencias acaecidas, en tres días distintos, del personal que coordina la Red de Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.