Despedidos «por represalia»

23/08/2017

Dos de los siete bibliotecarios que han denunciado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por «cesión ilegal» de trabajadores han sido despedidos por la contrata Serral, que sigue prestando el servicio pese a que el contrato expiró en enero del pasado año.

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Ainhoa Henríquez y Ramón Rivero llevan prácticamente nueve años trabajando en distintas bibliotecas municipales de la capital grancanaria y en todos estos años no habían recibido ni una sola amonestación o queja por su labor. En los últimos tres meses, ambos fueron sancionados por una falta leve, otra grave y una tercera muy grave, tras lo cual Serral Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas los despidió «por motivos únicamente disciplinarios».

«Es una sanción de manual, conducente a represaliar a los trabajadores por ejercer su legítimo derecho a la acción judicial», afirma Ariel Brito, delegado sindical y uno de los denunciantes.

«Es que no tienen ningún apercibimiento antes de la demanda ni ningún correo diciéndoles antes algo», añade Leticia Santana, que también se sumó a la demanda.

Serral, además, utilizó prácticamente un «copia y pega» cambiando los nombres en los burofax en los que fue comunicando las faltas a ambos trabajadores, que prestaban su servicio en la biblioteca municipal de la playa de Las Canteras, la biblioteca Josefina de la Torre.

«Nunca ha habido quejas, esto ha sido todo posterior», insiste Ainhoa Henríquez.

«La segunda sanción que recibimos fue por salir del trabajo a las nueve menos cuarto en lugar de las nueve. Nosotros hace dos años recibimos órdenes de que salíamos a las nueve menos cuarto por problemas técnicos en la biblioteca, porque había problemas de luz, seguridad, etcétera. Dos años después nos notifica esa sanción», relata Ramón Rivero.

«¿Qué mensaje se está dando? Que si defiendes tus derechos van a por ti. No es solo presión psicológica. Yo hablaría hasta de acoso», añade Brito.