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La Justicia anula 156 expedientes BIC

La Justicia anula 156 expedientes BIC

El patrimonio cultural de Canarias se ha llevado un duro varapalo judicial, que se traduce en que se tendrá que partir de cero para intentar declarar Bien de Interés Cultural (BIC) un buen número de enclaves, yacimientos, bienes inmateriales y edificios de la siete islas.

Victoriano Suárez Álamo y Las Palmas de Gran Canaria.

Jueves, 1 de enero 1970

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El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer la Orden de 11 de marzo de 2020 por la que «se declara la caducidad de diversos expedientes de bien de interés cultural», tal y como fijó la sentencia nº 157/2019, de 28 de noviembre, del Tribunal Constitucional (TC).

Esta sentencia declara la «caducidad de los expedientes de bien de interés cultural que se relacionan», que suman un total de 156 en el conjunto del archipiélago, debido al «transcurso del plazo máximo de doce meses desde su incoación, sin haberse dictado resolución administrativa de terminación ni haber recaído sentencia judicial firme».

«En cumplimiento de lo anterior», dicta la orden del Gobierno de Canarias que sí admite recurso, al contrario que la sentencia firme del Tribunal Constitucional, «los procedimientos declarados caducados no podrán volver a incoarse hasta tanto haya transcurrido el plazo de dos años desde que se hayan producido los efectos de la caducidad, salvo cuando medie instancia de alguna de las personas o entidades previstas en el artículo 31.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias».

Este revés judicial se sustenta en el artículo 21 de la antigua Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que decía que la caducidad de un expediente incoado no se hacía efectiva salvo cuando la misma fuera denunciada, explica a CANARIAS7 un especialista en la materia que prefiere mantener el anonimato. «Ahora, el TC viene a decir que esa cláusula es inconstitucional porque es contraria al procedimiento administrativo, ya que si ha caducado, ha caducado, nadie tiene que denunciarlo», subraya esta fuente.

Esta sentencia implica la «desafección» de los enclaves cuyos expedientes se habían incoado. «Con los expedientes más antiguos no es tan grave, ya que se puede iniciar la incoación cuando la administración correspondiente lo quiera. Los más recientes, tendrán que esperar dos años, salvo si cuentan con informes de las instituciones consultivas que establece la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias», especifica este especialista.

En algunos casos, «lo que caduca es la delimitación concreta del BIC, porque ya cuentan con esta protección», añade.

La isla que dispone de un mayor número de expedientes caducados es Gran Canaria, con un total de 57. Destacan los de las zonas arqueológicas de Guayedra y la necrópolis del Maipez de Arriba, en Agaete, el conjunto histórico de Agüimes y Temisas, el Jardín de los Marqueses, en Arucas, la Casa Museo Antonio Padrón, en Gáldar, el yacimiento de El Burrero, en Ingenio, la casa y el jardín Rodríguez Quegles, en Las Palmas de Gran Canaria, la Casa de doña Dolores Sall, en Telde, y la delimitación de la zona arqueológica Los Caserones de Fataga, en San Bartolomé de Tirajana.

En El Hierro caducan diez expedientes, incluido el del silbo y la zona arqueológica de El Julán, en El Pinar, entre otros.

En Tenerife se ven afectado un total de 31 expedientes, incluidos los del Monasterio de Santa Clara, en La Laguna, y la santacrucera plaza Weyler, entre otros.

En La Palma se anulan por esta orden cinco expedientes, cuatro en La Gomera, 43 en Lanzarote, y seis en Fuerteventura,

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