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El viceconsejero Horario Umpiérrez, en el centro, junto a Kike Pérez y Wendy Ruiz, el pasado lunes durante una rueda de prensa. C7
El Gobierno de Canarias confía en lanzar en abril las convocatorias de ayudas culturales

El Gobierno de Canarias confía en lanzar en abril las convocatorias de ayudas culturales

El viceconsejero Horacio Umpiérrez asegura que se ha acordado con Hacienda incorporar el dinero no ejecutado del pasado ejercicio

Victoriano Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 17 de marzo 2024, 01:00

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El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, confía en que el próximo mes de abril se lance el plan de ayudas al sector cultural de 2024 mediante convocatorias públicas, que ha estado paralizado desde el segundo semestre del pasado año.

Umpiérrez apunta también que se ha llegado a un acuerdo con Hacienda para «retener» el dinero de las ayudas del segundo semestre de 2023 para incluirlo «en las 24» que se convocarán en las próximas semanas.

El viceconsejero reconoce que la situación «es complicada» y entiende el enfado del sector cultural por la parálisis del sistema de ayudas regionales. Eso sí, subraya que se trata de un problema que heredado del anterior Grupo de Gobierno.

Horacio Umpiérrez dice que los problemas se detectaron «en abril de 2023». «Ese mes, una auditoria de la Intervención General le dijo a la Viceconsejería de Cultura que existía una falta de carácter grave porque se estaban haciendo convocatorias públicas desde un órgano que no tiene capacidad para ello. Aclaraba las funciones de cada órgano, algo que los que trabajamos en la Administración teníamos clarísimo y lo veníamos avisando con respecto al Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). La Viceconsejería y las direcciones generales son los órganos que tienen la capacidad para convocar y resolver las ayudas de cualquier tipo mediante las convocatorias públicas. El ICDC es un instrumento para la ejecución de las acciones propias y en todo caso puede servir de instrumento para el proceso entre la convocatoria y la resolución, es decir, para la recogida de la documentación, pero convocarlas y resolverlas es una tarea de la Viceconsejería y las direcciones generales», explica.

Objetivos que no son reales

El actual viceconsejero apunta que esta situación administrativa «se la recordaban de forma constante a los anteriores cargos». «Toman la decisión de crear un plan para resolverlo y se lo remiten a Hacienda. Marcan unos objetivos que no son reales y no resuelven el problema que se les plantea. La Intervención general se vuelve a sorprender y les responde que no quiere respuestas del ICDC sino del responsable, que es el viceconsejero anterior [Juan Márquez]. En ese momento la Viceconsejería se tenía que haber puesto en marcha para crear los equipos y los procedimientos necesarios para llevar a cabo las convocatorias públicas. Asunto que, simplemente, no se hizo», dice Horacio Umpiérrez. Cuando en agosto se asumieron los nuevos cargos, «intentamos ordenar la posibilidad de llevar a cabo las convocatorias, pero se llegó a noviembre y no fue posible».

Atribuye esa imposibilidad a otra cuestión administrativa heredada del anterior Gobierno. «De abril a julio, la Viceconsejería se dedicó a regular el volumen de personal del ICDC. Se ajusta a derecho y es correcto y se pasó de 47 a 89 trabajadores. Pero si en vez de ocuparse en dotar una plantilla donde ya Intervención le decía que las convocatorias no eran de su competencia, tendrían que haberse centrado en llevarlas a cabo donde sí que se tiene esa potestad. Es cuestionable y extraño», señala.

Horacio Umpiérrez dice que «desde hace dos meses» se está «discutiendo y negociando con Función Pública para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Viceconsejería de Cultura» y dotar a este órgano del número de trabajadores que considera necesario para ejecutar las convocatorias de ayudas públicas para el sector cultural.

«Podemos estar a finales de mes o principios de abril convocando casi todas las convocatorias, con un sistema de bases generales aprobadas a las que después le añade unas bases específicas. Estamos concentrados en sacar el plan de subvenciones anuales aunque haya que parar la vida ordinaria de la Viceconsejería. Es algo primordial», recalca a la vez que avanza que una de las ideas que se baraja para un futuro inmediato es «que las convocatorias tengan un carácter bianual».

Reuniones con el sector

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, avanza que en las próximas semanas se va a contactar directamente con el sector para explicarle la situación y recoger aportaciones de los profesionales del mismo.

«Estamos organizando unos encuentros sectoriales en las dos provincias para explicar la inversión y los criterios a seguir. También queremos que sirvan para escuchar las demandas y las ideas del sector», asegura el político majorero.

El nuevo sistema de ayudas a la movilidad cultural entre islas y a la península y el extranjero cambió a finales de la pasada legislatura, para que se ajustara a los nuevos criterios legislativos impuestos desde Hacienda.

Se estrenó así una convocatoria pública en un formato de subvenciones que sustituía a los programas Canarias Crea -para los desplazamientos a la península y el extrajero- y Canarias Crea Canarias -entre islas-.

Entre algunos artistas, el nuevo sistema ha levantado ampollas. «Ahora mismo son unas ayudas elitistas pues condenan a la persona que quiere pedirlas a adelantar el concepto del viaje y estancia en el evento. No todas las personas tienen esa capacidad y a riesgo de que sea o no concedida la ayuda», apuntan varios artistas plásticos que no quieren dar su nombre.

Horacio Umpiérrez asegura que se van a adaptar «las bolsas de viaje a los criterios más acertados según las críticas de los propios sectores». «La Ley contempla la posibilidad de que se adelante el dinero, pero para eso hace falta un personal que ahora estamos negociando tenerlo en la Viceconsejería. Antes, el propio ICDC hacía una especie de contrato con los artistas y gestionaba los billetes. Eso fue informado negativamente por los servicios jurídicos de la Secretaría Técnica y después por Intervención», señala el viceconsejero.

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