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Todas las fuerzas políticas votaron a favor de este texto, que acaba con el vacío legal que reinaba en el archipiélago. No hay que olvidar que Canarias era, hasta ayer, la única comunidad autónoma del territorio nacional que no tenía una Ley que regulara este sector, vital para el desarrollo cultural.
Entre las medidas más significativas que tiene esta Ley de Bibliotecas de Canarias figura que se obliga a que todos los municipios, sin atender a su número de habitantes, tengan al menos una biblioteca que respete los parámetros mínimos contemplados por esta nueva normativa.
Esta ley atiende a una de las principales demandas del sector, como es la exigencia de la titulación adeucada para los profesionales y auxiliares que trabajen en las distintas bibliotecas de las islas.
Implica el nacimiento de La Biblioteca de Canarias, como «centro superior, funcional y técnico del sistema». Será la «cabecera de la red de bibliotecas públicas» y se concibe como «el conjunto de servicios técnicos descentralizados, responsable de recoger, inventariar, catalogar, conservar y difundir la producción bibliográfica y cultural» de las islas y el que a nivel estatal o internacional esté vinculado con el archipiélago.
Para «proporcionar información sobre las bibliotecas y centros de documentación» se crea un Directorio de bibliotecas de Canarias.
Para formar parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, los centros deben abrir al público 15 horas semanales, repartidas hasta en seis días y se exige que haya «profesionales bibliotecarios cualificados al frente de cada» una, según los «términos que establezca el Mapa de Bibliotecas».
El Gobierno de Canarias está obligado por esta Ley a destinar al menos un millón de euros este año para la puesta en marcha de la misma.
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