La asociación de diseñadores y la Viceconsejería 'chocan' por la convocatoria para las colecciones

La Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca) ha expresado por carta y en dos ocasiones a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno su disconformidad con la convocatoria pública para actualizar el diseño de cada una de las seis colecciones literarias que se editan desde esta entidad. Desde el Ejecutivo se les aseguró, también por escrito, que el procedimiento se ajusta a la legalidad.

«No es un procedimiento correcto y lo que hace es ayudar a precarizar aún más al sector. Hicimos un acercamiento primero explicándoles las cosas que estaban mal, modificaron algunas, pero lo que han sacado está aún peor, porque incluye cosas como exigir la residencia fiscal que consideramos incluso que puede ser ilegal», asegura Ignacio Alcántara, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca).

Alcántara subraya que los asociados de di-Ca no se van a presentar a esta convocatoria porque, como figura en el documento presentado en la Viceconsejería, «entendemos que la convocatoria atenta contra la integridad profesional del colectivo que representamos». «A grandes rasgos, se nos antoja difícilmente asumible que un proceso tan importante como es el diseño editorial de las seis líneas editoriales que el Gobierno de Canarias edita para difusión de la cultura de las islas, se haya tratado de forma no profesional a través de un concurso abierto y no dirigido a profesionales de la materia», añade la queja presentada por esta asociación.

Explica di-Ca, en el texto, que «el diseño basa su eficacia y metodología previa al desarrollo de soluciones a un problema. Diseño no es solo el resultado final (la imagen visual final) sino todo el proceso llevado desde el estudio previo a la implantación y control de calidad de los resultados. Al solicitar una propuesta visual de un proyecto para ser partícipes de selección de profesionales para su desarrollo, se está solicitando que se realice una gran parte de dicho trabajo de forma no remunerada siendo claramente injusto con el/la profesional que lo desarrollará». Por ello, subraya que «solicitar trabajo no remunerado a un/a profesional del diseño lleva implícita una falta de respeto a gran parte de su proceso y al valor añadido que su trabajo aporta».

Desde di-CA se considera también que requerir «la residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias» a los participantes en la convocatoria «genera una discriminación en la contratación» hacia todos los que «ejercen su actividad desde otros puntos de residencia».

Además de apuntar distintas cuestiones técnicas del desarrollo de los proyectos de diseño que no comparten con respecto a esta convocatoria pública, apuestan por dos modelos a seguir: un concurso restringido y las denominadas llamadas a proyecto. También llaman la atención sobre la falta de transparencia sobre los integrantes del Jurado.

En una carta, fechada el pasado jueves, día 8 de julio, desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), a través del que se llevó a cabo la convocatoria, se les responde que esta entidad «es una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y deportes del Gobierno de Canarias» que «no tiene consideración de Administración Pública», por lo que no puede actuar como tal «ni ejercer las potestades que no le corresponden».

Señala que «es necesario indicar que las convocatorias públicas que inicia y gestiona esta entidad no tienen la consideración de subvenciones, debido a que las sociedades mercantiles públicas no se encuentra dentro del ámbito subjetivo de la Ley de Subvenciones».

En el caso de la convocatoria para las seis colecciones literarias, «es requisito esencial que cualquier persona que contrate con esta sociedad mercantil esté constituida legalmente y, en este caso particular, que su actividad principal sea el diseño, dado que es el objeto de la convocatoria».

En cuanto al jurado que evaluará los proyectos, asegura el escrito del ICDC que será «externo y constituido por expertos/as de reconocida experiencia y prestigio y cuyo nombramiento es potestad únicamente de esta entidad».

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