El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena. / C7

Valbuena: «El objetivo de la ley no es perseguir ni sancionar sino concienciar»

La dirección general de Energía será quien se encargue de controlar y sancionar en caso de incumplimiento. El consejero de Transición Ecológica asegura que no hay «afán recaudatorio»

Silvia Fernández
SILVIA FERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

La dirección general de Energía, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, será el organismo que se encargará en Canarias del controlar y sancionar el cumplimiento del decreto de ahorro energético del Estado.

Según explicó ayer el titular de la Consejería, José Antonio Valbuena, el control se hará en colaboración con las administraciones locales «que velarán por su correcta aplicación».

En cualquier caso, Valbuena lanzó un mensaje de calma e indicó que el objetivo de la ley no era sancionar sino concienciar en el consumo energético.

«El decreto ley no busca la persecución a través de las sanciones. En cualquier caso no existe ningún fin de tipo recaudatorio por parte de la administración», afirmó el consejero. En sus palabras, el «objetivo prioritario» es generar el mayor ahorro energético posible para encarar el futuro más inmediato en las mejores condiciones posibles».

Valbuena indicó que el plan entró ayer en vigor en una primera fase de aplicación. Desde el sector empresarial la gran pregunta ayer era de dónde van a salir los medios y el personal para acometer las labores de inspección y control, deficitarias habitualmente en otros departamentos. «Si en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria escasean los medidores de sonido ¿va a haber ahora termómetros para ir comercio a comercio?», se preguntaba ayer un comerciante. Lo mismo ocurre con las inspecciones de trabajo o con las de seguridad alimentaria.

El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, se mostró ayer en contra de la normativa de ahorro energético que, en su opinión, no ha sido consensuada previamente con los empresarios sino que ha sido «impuesta, como es el modo de proceder habitual de este Gobierno».

Los empresarios «no tenemos otra opción que pronunciarnos en contra» de la normativa citada porque todos los sectores que están afectados por ella «se ven claramente perjudicados por esta norma», indicó Alfonso a Efe.

El presidente de la patronal tinerfeña criticó la orden del apagado nocturno de los escaparates porque hace perder capacidad publicitaria a las empresas y porque, ha añadido, no regula a las entidades que trabajan por la noche «y eso se podía haber evitado simplemente con habernos escuchado», manifestó el presidente de la CEOE.