Imagen de la reunión este jueves en Mogán entre la patronal y los dos ayuntamientos del Sur. / C7

Ultimátum de Mogán, San Bartolomé y la patronal al Estado para desalojar los hoteles de migrantes

Los empresarios y los dos municipios instan al Gobierno central a que el 31 de diciembre los establecimientos turísticos queden libres, o adoptarán acciones legales y sanciones

Carlos Sixto De Inza Serrano
CARLOS SIXTO DE INZA SERRANO Las Palmas de Gran Canaria

Los ayuntamientos turísticos del sur de Gran Canaria, de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, han lanzado hoy un ultimatum al Gobierno del Estado, en coordinación con la patronales turíticas de Canarias para que en un plazo a más tardar a 31 de diembre de este año se desalojen por completo los establecimientos hoteleros, en total 16 hoteles que albergan a 6.000 migrantes entre los dos municipios.

El anuncio ha sido hecho esta mañana por la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno, acompañada del edil de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y representantes de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), con su presidente, Agustín Marique de Lara, y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, representado por su vocal, Nicolás Villalobos, en la que avisan al Estado de que si en ese plazo los hoteles no han sido desalojados empezaran a aplicar la legislación en materia urbanística y de uso de los establecimientos, que prohibe expresamente dar otro uso a los hoteles que no sea el estrictamente turístico y cuyas sanciones pueden llegar en casos de mayor gravedad a los 300.000 euros.

Las medidas vienen respaldadas tras explicar que en el mes de agosto, la patronal se prestó voluntariamente a aportar como solución al problema migratorio, que se destinaran los hoteles a alojar a personas migrantes, pero la solución se ofreció de forma transitoria y provisional y sin embargo, que transcurridos cuatro meses el Estado no ha hecho nada por resolver el problema del alojamiento de estas personas explicaron de forma explícita. Además añaden que el contrato firmado con la delegación del Gobierno para el uso de los hoteles para este fin finaliza en dicha fecha.

300.000 euros de gasto diario

En total en la actualidad hay ocupados diez hoteles, en los que se encuentran alojadas unos 6.000 personas migrantes y más de 450 menores no acompañados, cuyo coste global para las arcas públicas supera los 300.000 euros diarios a cargo del Ministerio de Migraciones.

Tanto la patronal, como los dos ayuntamientos exigen al Estado que destine ese dinero a crear centro dignos de acogida y libere a las zonas turísticas, algo que consideran perfectamente compatible con un trato humanitario, y recuerdan que dicha solución es esencial y el primer paso para poder salir de la crisis económica, ya que ya están mensajes de touroperadores que avisan de que la percepción que se tiene en los países emisores es que en esas zonas se va a mezclar turismo con inmigración y la imagen que se ofrece al vistante no es la más adecuada.

Sin control covid

La alcaldesa de Mogán también señaló que el Estado además de no estar garantizando la acogida de los migrantes en infraestructuras públicas, como es su obligación, al haberse desentendido de un problema que ahora le están resolvierno los empresarios, tampoco está garantizando, al igual que la Comunidad Autónoma, las medidas de seguridad anticovid que la misma Consejería de Sanidad aprobó en la ley del pasado 11 de noviembre. De este modo, Bueno denunció que los migrantes alojados en estos hoteles con covid, en toral unos 95, apenas tienen vigilancia y se dan a la fuga, hasta el punto de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguriad del Estado, en sus controles rutinarios en aeropuertos, han llegado a detectar la presencia de al menos 35 de ellos infectados por el virus y con pasaportes y targetas de embarque para viajar a otros destinos, lo cual dijo sin duda supone un peligro para la población.

Por su parte los representantes de las patronales aseguraron que han mantenido contactos con las patronales de la provincia de Tenerife, en la que sus responsables la percepción de touroperadores británicos y de países del Norte de Europa, en la que temen que se conifique en las zonas turísticas la permanencia de los migrantes.

De este modo tanto los ayuntamientos mencionados como la patronal insistieron en que el Estado ha agotado los contratos para el uso de los hoteles para acoger a la migración, que fueron firmados de forma provisional en agosto, sin que la Administración haya puesto los medios para dar acogida a estas personas de una forma digan y por lo tanto, una vez venza el plazo se tomarán todas las medidas le agles al alcance para que estas personas abandonen los hoteles.

Apuesta por derivaciones, 11 comunidades interesadas

Bueno reclacó no obsatente que Mogán sigue apostando por las derivaciones a la Península, ya que hay once CCAA que se han comprometido a prestar su apoyo al Gobierno de Canarias para llevar a cabo las mismas.

Por todo esto, la primera edil aseguró que si el 31 de diciembre no se ha solucionado esta situación, su ayuntamiento se dirigirá a los hoteles para advertirles de que deberán cesar en esta actividad, ya que, de lo contrario, se les abrirá un expediente sancionador, «tal y como recoge la ley de suelo».

Desde San Bartolomé de Tirajana, su concejal de turismo explicó que la situación del municipio ha empeorado desde el inicio de la pandemia, ya que si antes había 4.600 parados, en la actualidad son 22.000 las personas paradas o en ERTES y 1.500 las empresas que ha llevado a cabo un ERTE.

«Para poder remontar estos datos y reactivar la economía primero tenemos que solventar la crisis migratoria. No podemos estar mezclando dos crisis y por eso exigimos al Estado que, de manera inmediata, todas las personas en hoteles sean alojadas en las instalaciones militares y que se inicien cuanto antes las derivaciones y repatriaciones», resaltó.

Marichal entendió que Gran Canaria no puede seguir soportando esta situación, ya que alojar a los migrantes en los complejos turísticos «es un error garrafal».

«Difícilmente vamos a poder reactivar nuestra economía. Por eso, San Bartolomé de Tirajana reclama también la mejora del SIVE que a todas luces está fallando. Hay un descontrol con la llegada de migrantes. No queremos más visitas de ministros, sino que lo que queremos son decisiones ya», concluyó.