Las truchas llegan al juzgado

El juez ha reabierto las diligencias previas que había sobreseído el mes pasado después de conocer el informe aportado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el que, según consta en el auto judicial hecho público ayer, «se distinguen determinados comportamientos de suma gravedad, que, por su posible naturaleza delictiva, deben ser investigados» y que están relacionados con el manejo del agua, la cría y la venta de truchas en la piscifactoría.

Esos comportamientos son la venta de truchas de la piscifactoría para consumo humano «sin ningún tipo de control sanitario veterinario» pese a ser tratadas con antibióticos, y la posible contaminación del agua que se utilizaba en la explotación y que posteriormente se vertía «sin ningún tratamiento de depuración al canal de Aguamansa-Santa Cruz», que abastece al área metropolitana de Tenerife.

Según consta en el auto, las truchas se vendían a dos restaurantes de la zona y a particulares y los excedentes «se regalaban a Cáritas o al Centro Santa Rita». Al año, se vendían unos 50.000 ejemplares y hasta 2016 el kilo costaba 3 euros y luego subió a 6.

La piscifactoría ceso su actividad en septiembre tras una inspección de Sanidad que obligó a suspender el vertido del agua de las truchas al canal.