Solo hubo un plan: Canarias, como tapón

El Ministerio del Interior ha llevado la voz cantante y lo ha hecho imponiéndose incluso a la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que se reunió para coordinar a los ministerios implicados. Como quedó de manifiesto el pasado martes, esa coordinación no ha existido.

Según fuentes oficiales consultadas por este periódico, Fernando Grande-Marlaska se lo dijo expresamente hace meses al Gobierno canario: no iba a consentir derivaciones masivas de inmigrantes llegados a Canarias. ¿Por qué? Esgrimió un doble argumento: el compromiso con la Comisión Europeo de no poner en práctica una solución que se puede interpretar como un éxito de los migrantes irregulares -el conocido 'efecto llamada'- y el riesgo de un flujo de personas sin control por territorio peninsular y, a la postre continental, que podría propagar contagios de covid-19. ¿Cómo contener entonces la llegada de migrantes que había anunciado Pestana a partir de los avisos de los servicios de información policiales y de inteligencia? La primera solución fue el gran campamento que el Ministerio de Migraciones quiso levantar en Arinaga y que iba a ser gestionado por Cruz Roja. Se trataba de habilitar un lugar donde atender a los migrantes, aplicar los protocolos derivados de la pandemia y darles alojamiento temporal, mientras se esperaba a una posible devolución a sus lugares de origen.

El plan se frustró, pero no por la negativa de las administraciones canarias, sino porque apareció un factor con el que no contaba Madrid: el cierre de fronteras por la pandemia en países como Mauritania -ya reabierto- y en Marruecos. Es entonces cuando se produce la 'tormenta perfecta' que cae sobre Canarias: llegan los miles de migrantes que se esperaban, no hay margen para devoluciones a sus países de origen, tampoco la Delegación del Gobierno consiguió dar con alojamientos alternativos e Interior se mantiene inflexible en que no arbitrará un puente aéreo para el envío regular de personas a la península.

Interior ha ganado puntos ante Moncloa con ese planteamiento apoyándose en dos hechos: 1) la necesidad de España de presentarse ante Bruselas como un país que comparte las políticas comunitarias si quiere acceder sin cortapisas a los fondos de ayudas por la pandemia, unas políticas que pasan por endurecer el control en frontera ante los flujos migratorios, y 2) la alerta lanzada por Francia tras la decapitación de un profesor a manos de un yihadista que entró en Europa como migrante irregular vía la isla italiana de Lampedusa.

Lo cierto es que llegó a dar la paradoja de que cuando el incendio del campamento de Lesbos, en Grecia, momento en que Canarias ya alertaba del problema existente en Arguineguín, varias autonomías plantearon al Estado que podían acoger a parte de las personas que se encontraban en aquel emplazamiento, y que básicamente eran magrebíes que habían huido por las costas de Argelia y Libia. Interior no se planteó entonces aprovechar esa oferta para una 'operación salida' desde Canarias.

Si han llegado casi 17.000 inmigrantes a las islas hasta la fecha y Madrid no acepta las derivaciones, ¿dónde están entonces? Han ido saliendo a cuentagotas, pero no precisamente por facilidades de Interior, sino de administraciones y ONG canarias que han hecho llegar a los migrantes las vías para el traslado -cabe recordar que la gran mayoría puede moverse por el territorio nacional si consiguen recursos y la documentación precisa-.

Cuando el presidente del Cabildo, Antonio Morales, advirtió hace semanas que Gran Canaria no podía ser una «isla-cárcel» lo hizo con conocimiento de causa: le habían detallado los planes del Ministerio del Interior, que se resumían en convertir las islas en un tapón del flujo migratorio hasta que, fruto de las gestiones diplomáticas en Mauritania, Marruecos y Senegal, disminuyesen las salidas. Y ese sigue siendo el plan.