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El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, esta semana. Cober

Entrevista a Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

«PSOE y NC se quedaron sin argumentos en su oposición al decreto ley de vivienda»

Emergencia habitacional. ·

Rodríguez asegura que cada una de las críticas planteadas por la oposición ha sido desmontada. «Es el 'no' por el 'no'», afirma

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 23 de marzo 2024, 22:14

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Pablo Rodríguez es titular de tres áreas de peso en el Gobierno de Canarias pero hay una que le quita especialmente el sueño: la vivienda. Sabe que hoy más de 25.000 familias canarias ven limitado su futuro porque no tienen una casa en la que vivir y ha hecho de este problema su reto para los próximos cuatro años.

– El decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda se aprobó esta semana en el Parlamento de Canarias con el rechazo de la oposición: PSOE, NC y Vox. ¿Está justificada su oposición?

– La justificación la han ido variando en base a buscar cualquier argumento para oponerse a un paquete de medidas que han apoyado todos los sectores, incluidos los ayuntamientos de todos los colores políticos. Los alcaldes, todos, se han mostrado a favor al entender que son medidas que favorecen la oferta de vivienda en sus municipios, por tanto, entiendo que no hay argumentos sólidos para votar en contra de la medida. Dijeron primero lo de la autonomía local, que el decreto invadía competencias municipales pero luego se demostró, con un informe de la propia Fecam, que no se violentaba la autonomía local. También dijeron lo de la inconstitucionalidad y el informe del Consejo Consultivo lo desmontó. También decían que los ciudadanos tenían que elegir entre parques o viviendas y está claro en el decreto que no se pueden ocupar las zonas verdes ni libres. Por tanto, se han ido despejando las dudas y críticas que han planteado y que eran partidistas. Se quedaron sin argumentos.

– Por tanto, cree que es el 'no' por el 'no'.

– Efectivamente. Al final, la cosa es que ellos han sido responsables en los últimos cuatro años de las políticas de vivienda y, aunque se aprobó un plan, la realidad es que no se construyó ninguna vivienda en Canarias en este tiempo. Esto es una realidad que está ahí desgraciadamente. Ya me hubiera gustado a mí cuando llegué a la Consejería haberme encontrado viviendas construyéndose pero no fue así.

– En cualquier caso, ¿teme que los ayuntamientos gobernados por PSOE o NC pongan trabas a las medidas del decreto?

– En principio nos hemos encontrado con el apoyo de la Fecam y hay alcaldes como el de Agüimes y Arucas, de NC y PSOE, que han dicho que es bueno para atajar la emergencia habitacional. No creo que haya rechazo.

– PSOE y NC apuntan a que el decreto fomenta la especulación y que está hecho a medida de los constructores, si bien, la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil, ha dejado claro que la rentabilidad del plan es «muy ajustada».

– La realidad es que si hablamos del módulo básico canario, aunque lo hemos subido para suscitar el interés de los promotores porque de otra forma no se haría vivienda, si les preguntamos a ellos dicen que nos hemos quedado cortos y sin embargo, los partidos de la oposición dicen que nos hemos pasado dos pueblos. La realidad es que hemos hecho un trabajo riguroso para buscar justo el precio real del mercado porque lo que queremos, sencillamente, es que los promotores construyan vivienda protegida. Sin complejo alguno. Recientemente un informe de la consultora Corporación 5 decía que el 80% de la vivienda protegida en Canarias lo ha construido el sector privado y queremos que siga siendo así. Nosotros vamos a construir y acelerar lo máximo posible la vivienda pública, que no es otra cosa que una vivienda topada en precio y a la que puede acogerse una gran parte de la población canaria que cobra hasta cinco veces el Iprem.

Subida del módulo

«Los promotores dicen que nos hemos quedado cortos y la oposición que nos hemos pasado dos pueblos. Hemos sido muy rigurosos»

– El Cabildo de Fuerteventura, que es del mismo color político (CC), también expresó su rechazo al decreto?

– El Cabildo de Fuerteventura planteó una serie de dudas que podían ser razonadas y hemos dado contestación a todas. Había ciertos miedos y los hemos aclarado. Hemos tenido reuniones con ellos y con los ayuntamientos de la isla y les hemos aclarado todos los 'peros' que tenían.

– Otra de las claves del decreto es que trata de minimizar la burocracia y simplificar trámites para evitar que se tarde hasta dos años en conseguir una licencia de construcción.

– Sí. Dentro del ámbito de nuestras competencias hemos buscado medidas para agilizar la construcción de vivienda protegida y vivienda pública en Canarias. Por ejemplo, con el silencio positivo en las calificaciones provisionales para la vivienda protegida, que es el paso previo para conseguir una licencia. Si no contestan en tres meses la calificación es positiva. Esto opera para las calificaciones provisionales pero no lo podemos hacer para las licencias urbanísticas porque es ley básica del Estado y no tenemos marco competencial para hacerlo. Lo que buscamos es agilizar los procesos lo máximo posible. También hemos dado pasos para acortar plazos y declarar el interés general en la promoción de vivienda pública. Hay que actuar lo antes posible ante una emergencia habitacional. Aquí también quiero destacar el trabajo que estamos haciendo en formación y la guía que estamos haciendo con la Fecam para que los técnicos municipales no tengan duda al adaptar el decreto ley y no haya interpretaciones distintas.

–¿Vendrá el decreto acompañado de un refuerzo de personal en la administración para poder ser ágiles de verdad en los procedimientos y habrá dinero en los presupuestos para pagar las ayudas a los promotores con celeridad?

– A día de hoy tenemos el mayor presupuesto de la historia del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), con unos 200 millones, y estamos dispuestos a seguir apostando para que ese presupuesto se siga incrementando para facilitar la construcción de vivienda protegida. Somos plenamente conscientes en que todos tenemos que hacer un esfuerzo y la administración también, en simplificar los procedimientos e incorporar partidas extraordinarias para hacer frente a esa emergencia habitacional. Respecto al personal, en octubre del año pasado en Icavi hemos aprobado un plan de choque para tener más personas cualificadas en los distintos departamentos y por otro lado, es importante todo lo que estamos trabajando. Este decreto ley no es el punto y final a las políticas de vivienda. Tenemos otros mecanismos que vamos a poner en marcha, como un plan de choque en el ámbito de la formación en la construcción, que lo vamos a hacer con la Fundación Laboral de la Construcción y que busca dar respuesta a que una población desempleada pueda hacer carrera en este sector y ayudar a las empresas a buscar mano de obra cualificada para el reto que planteamos.

Aumento de la oferta

«El siguiente paso será tomar medidas para incentivar a los propietarios y que los pisos vacíos salgan al mercado»

– El informe de Corporación 5 apuntaba a que Canarias necesita 15.000 viviendas anuales y un desembolso de 1.800 millones.

– Son 1.800 millones si las viviendas las construyera solo el sector público. El informe dice que la administración por sí sola no puede atajar este problema. Tenemos que implicar al sector privado. Nuestro objetivo es poner este año en el mercado 1.000 viviendas en construcción y creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Eso es algo extraordinario pero también insuficiente. Necesitamos que el sector privado se implique para poder dar respuesta a la necesidad de 15.000 viviendas. En los mejores años se llegaron a construir en las islas hasta 30.000 viviendas entre mercado libre y protegida; hoy, la realidad es que se hacen 3.000 viviendas al año, algo que es insuficiente.

– Su calendario incluye sacar en junio el primer concurso para obra inacabada. ¿Esta fórmula es la más inmediata y la que antes pondrá viviendas en el mercado?

– El decreto ley incorpora medidas con un recorrido más largo, como lo que tiene que ver con el suelo, que es construir de cero y tiene un procedimiento largo aunque, como he señalado, se va a acelerar. Luego, hay medidas con efecto más a corto, como los edificios inacabados, que es una de las medidas 'estrella' del decreto o la transformación de edificaciones del sector terciario, como oficinas y locales, en viviendas. Esto es más rápido que construir de cero. Por eso digo que, antes de que acabe el año vamos a ver viviendas protegidas como resultado del decreto ley. Vamos a tener también un Observatorio de Vivienda para evaluar las medidas que se implementen porque si no será difícil cambiar el rumbo o mejorarlo.

– ¿Han entrado ya peticiones a la Consejería de edificios inacabados o saben si ha habido peticiones en los ayuntamientos para la conversión de oficinas y demás en viviendas?

– Lo cierto es que nos está llegando que hay mucho interés y está habiendo mucha consulta para convertir locales y oficinas en viviendas. En edificios inacabados existe una auténtica revolución. Hay muchos interesados, sobre todo fondos, como Coral Home, que tiene 1.400 viviendas inacabadas en Canarias. Hay un interés real en sacarlas al mercado al alquiler público y vamos a ver resultados muy a corto plazo. Nuestras estimaciones, aunque no es un dato oficial, es que hay más de 3.000 viviendas inacabadas en Canarias. En islas como Fuerteventura o Lanzarote o Tenerife es donde más hay y en el caso de Gran Canaria, se concentran en el sureste, desde Telde a Santa Lucía, que son lugares muy interesantes y con mucha demanda.

– ¿Servirán las medidas para solventar el problema de la falta de vivienda para los trabajadores en los sures de las islas?

– Estamos convencidos de que también aportará soluciones en este sentido y dará oportunidad a mucho trabajo vinculado a la movilidad de los trabajadores. Ayudarán los edificios inacabados y la conversión de suelo turístico en residencial. Es decir, hay suelos turísticos en las islas que no se han desarrollado hasta ahora porque no eran viables económicamente como tales y ahora, se da la posibilidad de hacerlos residenciales y apostar por, en lugar de construir apartamentos u hoteles, hacer viviendas y que de éstas el 50% sean protegidas y el resto libre. Este incentivo va a ser clave para el desarrollo de viviendas. Si no seguirá siendo un solar sin construir. También hay que tener en cuenta en este sentido que hemos apostado por primera vez en la historia por el módulo básico territorializado, de forma que sea mayor en las islas no capitalinas porque es más caro construir y el suelo es más escaso, de forma que es más difícil hacer vivienda protegida. También hemos apostado en los municipios de menos de 20.000 habitantes por promociones. En esta islas también va a ser interesante la posibilidad de que en los suelos dotacionales se pueda construir vivienda pública. Los ayuntamientos son los que tendrán que decidirlo.

– Para solventar los elevados precios del alquiler, que no dejan de crecer en Canarias, prevé el Gobierno de Canarias a futuro declarar las zonas tensionadas de cara a topar los precios en línea con la Ley de Vivienda estatal?

– En principio, son los ayuntamientos los que deben iniciar el procedimiento solicitando al Gobierno la declaración de zona tensionada de sus municipios. Esto aún no se ha producido. Ni un solo ayuntamiento ha dado el paso. Cuando eso pase la ley dice que deben darse unos porcentajes para declararse los municipios tensionados. Lo vamos a analizar con todo el rigor posible pero lo que sí advertimos es que no sería bueno que la declaración de zona tensionada desincentive la oferta. Buscamos lo contrario, aumentar la oferta.

–¿Qué papel van a jugar las entidades financieras y en este sentido, la RIC?

– Esto es atractivo en términos generales pero sobre todo para los inversores canarios, porque van a poder materializar la RIC en este tipo de producto de vivienda protegida. Es un añadido más. El sector financiero juega un papel clave. En todo lo que tiene que ver con la promoción inmobiliaria es fundamental el crédito a promotor y para el cliente. En principio vemos buena predisposición. Estamos dispuestos a crear una mesa de trabajo conjunta con el sector financiero y Gobierno de Canarias para que haya líneas especiales para la construcción de vivienda protegida.

– ¿Podrían figurar ustedes como avalistas?

– Ya veremos, lo que nos exijan. Hasta ahora hemos hablado de alguna participación del Gobierno de Canarias con la Hipoteca Joven, que es algo que anunciaremos en los próximos meses y en este ámbito no hemos avanzado tanto pero lo vamos a estudiar. Nuestro empeño es la construcción de vivienda protegida. En este objetivo es clave que se financien las operaciones y ese va a ser nuestro empeño.

– En su estrategia también plantean la necesidad de sacar al mercado parte de las 211.000 pisos vacíos que hay en el archipiélago para elevar la oferta. ¿Qué incentivos planean para conseguirlo?

– Hay dos líneas de trabajo ahora mismo. Por un lado, vamos a incentivar que las viviendas vuelvan al mercado dando seguridad al propietario. Para ello vamos a garantizar la renta, que la vivienda la va a recuperar en el mismo estado en el que la dejó y la seguridad jurídica. Estamos trabajando en ello y lo presentaremos en poco tiempo. Ya se puso en marcha un programa en este sentido pero tenía muchas limitaciones y nunca funcionó. De hecho, solo se inscribió una vivienda. No funcionó y vamos a darle una vuelta de tuerca, haciéndolo más rentable, poniéndolo por debajo del precio del mercado pero en el alquiler asequible. Por otro lado, estamos trabajando con Hacienda en buscar iniciativas como la deducción del IRPF en el tramo autonómico para los propietarios con una vivienda en alquiler, que ya existió, y otras medidas que aún están en fase inicial. Serían ya para los presupuestos del año próximo.

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