Imagen de la declaración en Fiscalía. / C7

Conrado Domínguez dijo que no conocía a Rayco y solo hablaba con Samuel

«Ha tenido la gran fortuna de, sin preguntarles nada de qué era, quién era, cuánto era y cómo era», obtener cuatro millones, dijo

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Fue tajante el responsable del SCS a la hora de negar vínculos con el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González. A este respecto, el fiscal Javier Ródenas preguntó a Conrado Domínguez si lo conocía o había hablado con él, pero el investigado lo negó. «Con Rayco nunca he hablado y Samuel Machín sí me llamó, entiendo que Osvaldo le daría mi teléfono», dijo. «La primera vez que vi a Rayco fue en las declaraciones», en referencia a las que realizó ante el fiscal.

El fiscal Anticorrupción encargado del caso Mascarillas, Javier Ródenas, tiró de ironía en la parte final de su interrogatorio a Conrado Domínguez al decirle que RR7 United SL había tenido « mucha suerte» en la adjudicación del contrato de los cuatro millones. «Ha tenido la gran fortuna de, sin preguntarle nada de qué era, quién era, cuánto era y cómo era, obtuvo un desembolso de cuatro millones de euros y encima luego le modificaron un contrato dándole otra oportunidad por preceptos que no estaban en vigor», describió Ródenas.

Además, cuestionó al investigado si en esa « gran suerte» que había tenido RR7 aparecían «despejadas las incógnitas de amistad» del director del SCS con los intermediarios Samuel Machín y Osvaldo Lastras que hubieran podido «ser palanca de decisión o motor de adjudicación de ese contrato». La respuesta de Domínguez fue tajante: «Absolutamente no».

«¿Usted está completamente seguro que no hubo ningún tipo de vínculo de amistad que haya sido un factor decisivo de esa gran fortuna, no en sentido metafórico, sino real porque RR7 se ha desembolsado cuatro millones de euros que no se han recuperado?», insistió el delegado de Anticorrupción en Las Palmas. Pero Conrado Domínguez siguió negando ese presunto trato de favor que Ródenas encajó jurídicamente como un presunto delito de tráfico de influencias en la querella interpuesta y admitida a trámite.

Para llegar a esa conclusión, el fiscal abordó diferentes asuntos relacionados con el caso Mascarillas con el investigado y entre ellos se centró en la justificación del gasto público en este contrato para adquirir unas mascarillas del tipo FFP3 de las que no tenían stock, aunque las 3M ofertadas eran FFP2.

Dijo a Domínguez que « remitió el expediente sin informe técnico de las mascarillas 3M diciendo que el stock de FFP3 estaba reducido a casi a cero», pero el fiscal le reprochó que no consultara «la norma publicada en el BOE de 25 de abril 2020 donde se clasifican las mascarillas y dicen que la N95 es una FFP2. ¿Por qué la contrata como una FFP3 si no lo es?», le cuestionó.

El responsable sanitario insistió en numerosas ocasiones que el producto que había comprado a RR7 y que luego resultó ser falso era « una N95 dual» que cumplía dos funciones y que les permitían «hacer las mismas funciones que una FFP3», aunque posteriormente reconoció que «no llegaban a ser exactamente» las que necesitaban, aunque permitía «al servicio sanitario hacer lo mismo que una FFP3».

La justificación que, a juicio de Javier Ródenas dio el investigado para promover el contrato con RR7 era que, en aquella época, « en 10 semanas el stock de FFP3 sería 0», le explicó. Pero nuevamente Conrado Domínguez insistió que la información no la había trasladado él, sino «Recursos Económicos. Me transmite Ana María que había una necesidad de cubrir unas mascarillas. El tiempo estaba estipulado en el periodo que establecía la ley, pero sí es verdad que no le pregunté -al intermediario- dónde estaba físicamente el material y no les pedí el número de lote», asumió.