Lorenzo advierte que la supresión de medidas de refuerzo lastra a la Justicia canaria
El presidente del TSJ de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, advirtió de que en Canarias «se necesitan más órganos judiciales»
El presidente del TSJ de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, advirtió este viernes durante la presentación de la Memoria judicial del ejercicio 2022 que demanda la creación de más órganos judiciales y censuró los recortes que el Gobierno de España había hecho en las medidas de refuerzo implantadas en las islas.
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«Asistimos en estos momentos con gran preocupación a la práctica desmantelación del sistema de refuerzos construido durante los dos últimos años, y ello como consecuencia de la reciente resolución del Ministerio de Justicia de fecha 16 de junio de 2023, que deniega la autorización económica correspondiente o recorta otras de las autorizadas», expuso Lorenzo. En concreto, se refirió a las existentes en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Las Palmas «donde se mantiene una donde hubo 3; el juzgado de cláusulas suelo de La Laguna donde quedará solo una donde también hubo 3, igual que en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sección que conoce de los recursos en la materia de cláusulas suelo».
Además, declaró, «topamos con el problema de la falta de coordinación entre las administraciones con competencias en materia de justicia, lo que da lugar a que en muchas ocasiones, el refuerzo de personal juzgador no tenga su correlato en nuevos LAJ y funcionarios. Llamamos también la atención sobre la necesidad de la rápida cobertura de vacantes y la formación del personal interino».
A su juicio, en Canarias «se necesitan más órganos judiciales. En 2022 se crearon 5, de los cuales aún no han entrado en funcionamiento 3 (y urgen, son 2 juzgados para San Bartolomé de Tirajana y uno para Granadilla de Abona). Este año hemos señalado como prioridad acuciante la creación de, al menos, otras 10 nuevas unidades», manifestó, insistiendo en que «no se puede atender a una simple regla proporcional para dimensionar la creación de nuevos órganos, es decir, a tanta población de derecho corresponden tantos juzgados. Hay que contemplar la tasa de litigiosidad y las particularidades de cada territorio».
Mientras se crean los nuevos juzgados que el TSJC ha solicitado, «lo único» que la Sala de Gobierno puede hacer, según su presidente, es «solicitar medidas de refuerzo, que no siempre son concedidas», dijo. En este sentido, durante 2022 han estado en vigor unas 20 medidas, aunque fueron denegadas otras 10.
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Los datos que reúne esta edición de la Memoria «ponen de manifiesto que la Justicia canaria ocupa el primer puesto nacional en diversos aspectos, algunos de ellos con clara significación positiva». Resulta «indudable» para que presidente del TSJC que Canarias es la comunidad «donde más se pleitea, con la tasa de litigiosidad más alta de España por tercer año consecutivo (181 asuntos por cada 1.000 habitantes)», pero también «la que tenemos la media más alta de sentencias dictadas (347 mientras la nacional es de 306) y una de las que presenta los mejores registros de decisiones confirmadas por el Tribunal Supremo (casi el 92%)».
El tiempo de espera por una resolución en primera instancia en las islas fue el tercero mejor a nivel nacional (5 meses, mientras que la media estatal fue de 6 meses). «Todo ello sucede», subrayó, en el contexto de «un año en el que nos visitaron 12,3 millones de turistas internacionales, dato que, en cualquier análisis lógico, debería obligar a replantearse sobre qué parámetros se han de dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia».
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