Fiestras se queja y la Guardia Civil investiga ahora a los agentes

El resultado es una investigación interna de la Guardia Civil, que revisa ahora el papel de aquellos agentes. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, mandos de la Guardia Civil llevan varios días tomando declaración a los agentes actuantes.

Como se recordará, hasta la villa en la que se encontraban el juez y su pareja se desplazaron varios agentes tras recibir el aviso de personas de otros inmuebles sobre una fiesta en el interior. Al llegar se encontraron con una decena de personas, entre las que estaban el juez y su pareja. Ambos se presentaron ante los agentes en el exterior de la vivienda sin mascarillas, como se recoge en las imágenes de vídeo de la intervención, que se hicieron virales, y ante un comentario de uno de los guardias, que señala que con el nivel de alerta 4 no se podía celebrar una «fiesta» de aquellas características, el juez niega la mayor: «No es una fiesta», se le oye decir.

Fue en marzo de 2021 cuando se presentó la queja ante la Guardia Civil en el puesto de Teguise. La firmaron el juez Fiestras, Inés Melián Corujo, Fernando Becerra Robayna y Juan Antonio Martínez Pérez. El resultado es la apertura de una información reservada que puede derivar en una responsabilidad disciplinaria.

En el marco de la investigación hoy está prevista la toma de declaración a un teniente adjunto de la Guardia Civil. Con anterioridad lo hicieron varios agentes, que se acogieron, según las fuentes consultadas por este periódico, a su derecho a no declarar.

En cuanto a las actuaciones de los agentes por lo sucedido el 18 de febrero en la villa de Yaiza, fueron remitidas al Ayuntamiento, que es el competente para imponer, si así lo considera, una multa.

Ricardo Fiestras continúa desempeñando sus funciones en el juzgado y no consta actuación contra él por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ni por parte del Consejo General del Poder Judicial. Según fuentes consultadas por este periódico, desde ambas instancias se entiende que la actuación del magistrado aquel 18 de febrero fue a título particular y sin que influyera su condición de juez.

En los vídeos de la intervención de la Guardia Civil se corrobora que los agentes sabían que era juez y que él pidió a los guardias que se identificaron, cosa que hicieron.