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Imagen de los cuatro presuntos participantes en la supuesta fiesta ilegal. C7
Expedientan a dos guardias civiles por el caso del juez Fiestras

Expedientan a dos guardias civiles por el caso del juez Fiestras

El instructor propone desmantelar el grupo que intervino. Los afectados se enfrentan a una sanción grave tras la queja planteada por el juez

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria.

Miércoles, 9 de junio 2021, 02:00

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La Guardia Civil ha notificado la apertura de un expediente disciplinario por la presunta comisión de una falta grave a un cabo y a un agente de los que sorprendieron al juez Ricardo Fiestras, su pareja y un grupo de amigos en una celebración que contravenía presuntamente las restricciones vigentes en Lanzarote en febrero de este año -estaban en nivel 4 por la pandemia-. El instructor concluye que los dos expedientados pudieron cometer una infracción grave que podría suponerles desde cuatro días de sanción a la pérdida del destino. Asimismo, el instructor de la información reservada llevada a cabo con carácter previo a este expediente, propuso desmantelar todo el Grupo de Intervención Rápida (GIR) que actuó en la supuesta fiesta ilegal el pasado 18 de febrero del presente año.

Este expediente disciplinario tuvo su origen en la queja presentada el 9 de marzo por el juez Fiestras, su pareja, el empresario Fernando Becerra y una persona más -los cuatro adultos que estaban en la presunta fiesta ilegal-, relativa a la actuación realizada por los GIR de Teguise en una vivienda en Cortijo Viejo (Yaiza). Los implicados argumentaron en su queja que fueron objeto de un trato «no correcto en tanto al tono empleado, así como la realización de grabaciones sin mediar autorización y sin comunicarlo a los presentes», para «horas después ser publicado en los medios» la presencia del juez «en esa fiesta abusando de su cargo», entendiendo que de esta forma se vulneraba la Ley de Protección de Datos, «siendo publicados a posteriori vídeos y audios de la intervención, sin estar editados, a nivel local, provincial y nacional», manifestaron.

En base a esta queja, se llevó a cabo una información reservada en la que el instructor incluso propuso «considerar la oportunidad o posibilidad de sustituir a todos o parte de los integrantes del GIR de Lanzarote implicados». A su juicio, no era «profesional ni leal al mando, ni dejan en buena imagen a la institución» que ante «la actuación reprochable de algún componente del grupo, todos mantengan un cierto 'código de silencio' para proteger o dificultar el reproche legalmente establecido», en referencia a que los agentes investigados hicieron uso de su derecho legal de no declarar cuando fueron citados por el instructor.

El mismo destaca que, en base a las manifestaciones de los agentes implicados y las gestiones practicadas, detectaron «posibles conductas merecedoras de inicio de expedientes disciplinarios». También refiere a que no les fue posible «constatar el agente o persona que filtró los vídeos de la actuación policial», aunque sí localizaron al agente que los grabó y al cabo 1º responsable del operativo, que son los dos expedientados.

En este documento el instructor deja claro que en la actuación de los agentes no observó «palabras malsonantes o vejatorias contra las personas involucradas» en la presunta fiesta ilegal, como así denunciaron los implicados en su queja usando el término «gravemente desproporcionada y disconforme en derecho». Los comentarios que se escucharon en los vídeos fueron meras «expresiones espontáneas» que nunca debieron salir a la luz en una actuación que no fue «reprochable disciplinariamente».

Tras estas diligencias, el General Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil ha ordenado la incoación de sendos expedientes a los dos agentes por haber podido incurrir, presuntamente, en la falta grave de 'conservar las grabaciones lícitamente efectuadas con videocámaras o medios técnicos análogos por más tiempo o fuera de los casos permitidos por la Ley, o cederlas o copiarlas cuando la Ley lo prohibe'.

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