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Lourdes Bermejo
Domingo, 15 de julio 2018, 13:50
La primera junta de gobierno del colegio oficial de arquitectos de Lanzarote (COALZ), constituida tras la segregación de esta demarcación del ente provincial, hace recuento de su primer año de trabajo, reconociendo las dificultades para revertir procesos que perjudican uno de los principales retos del ente, proteger y recuperar el patrimonio histórico protegido en la isla.
El decano del Colegio, Miguel Fontes, insistió tras su nombramiento en que el ente no tiene valor político y que solamente «nos pronunciaremos, desde el punto de vista técnico de arquitectura y urbanismo, aunque sin evitar la actualidad». El colegio forma parte de la comisión de patrimonio del Cabildo, donde los arquitectos vienen reclamando reiteradamente la «liberación» del personal técnico de la institución «actualmente ocupado mayoritariamente en expedir informes para fiestas y actos varios, ya sea ferias de la tapa, San Juan o festivales de música», explica Fontes, que asegura que es posible dotar de una mayor eficacia al departamento, si los Ayuntamientos informan en una sola comunicación de la programación fija de eventos de todo el año, «con lo que el técnico trabajaría una sola vez», explica.
Desde el colegio se considera que el Cabildo es demasiado permisivo con estos trámites «que ralentizan muchísimo los procesos» y propone dedicar dos meses al año a estos informes «poniendo límites o tomando medidas como no expedir el informe fuera de plazo», aduce.
El objetivo es dedicar el trabajo del área a proyectos de rehabilitación del patrimonio, «que ahora no se da por falta de personal, según la administración».
Fontes no esconde la responsabilidad política de esta situación y sospecha del poco interés en recuperar edificaciones protegidas. «Solo hay que ver la exigua partida de 100.000 euros que destina este ejercicio el Cabildo a subvenciones para este tipo de intervenciones», dice. El decano de los arquitectos lanzaroteños habla de una especie de «doble rasero» en lo que respecta al patrimonio. «Por un lado, queremos creer en sus bondades, pero no ejecutamos con hechos; en esta isla se hacen constantemente estudios e informes, pero no se acometen medidas reales como exenciones de IBI, reducción del precio de los visados, o mayores facilidades a la rehabilitación».
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