Pedro San Ginés, Francisco Perdomo y José Juan Hernández Duchemín, en la vista por la incautación. / CARRASCO

La desaladora se incautó por interés de 6.000 vecinos, insiste San Ginés

El antiguo secretario del Cabildo se acoge al derecho a no declarar y el exgerente del Consejo del Agua secunda al expresidente

JOSÉ R. SÁNCHEZ Arrecife

El Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, con María Luisa Moreno Vera de titular, celebró este martes la primera sesión de la vista por la incautación en septiembre de 2014 de la desaladora de Club Lanzarote. Como primer encausado declaró Pedro San Ginés, el expresidente del Cabildo que dio la orden de intervención.

Como en el juicio fallido de noviembre de 2020, de nuevo insistió en que actuó para hacer valer los intereses de 6.000 vecinos de Montaña Roja que recibían el suministro de agua de una entidad que no contaba con título habilitante para la venta a terceros.

«Nunca tuvo permiso para abastecimiento», dijo San Ginés, en el marco de un discurso centrado en detallar los apercibimientos del Diputado del Común, con amenaza de medidas legales. Estos avisos tenían en cuenta que los precios que se estaban aplicando los vecinos afectados estaban por encima de los que pagaban los usuarios en general enganchados primeramente a Inalsa y luego a Canal Gestión.

Opciones

Tras consultar el entonces presidente al secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, también con representación en el Consejo Insular de Aguas y en el Consorcio Insular del Agua, ahora jubilado; así como a Ignacio Calatayud, abogado externo, tuvo en cuenta dos alternativas: Clausurar o incautar. Y añadió que descartó la primera de las posibilidades, «porque no se puede tener a 6.000 vecinos sin agua». Además, acotó que «la decisión la adopté yo», tras antes haber matizado el expresidente que «no era necesaria una autorización judicial previa».

En una larga comparecencia pese a evitar responder a la representación popular, la única que acusa (no lo hace Fiscalía), detalló San Ginés cómo días antes de la intervención se avisó a Canal Gestión. La empresa encargada en exclusiva del ciclo integral del agua pudo así prepararse para seguir desalando y abasteciendo.

Pedro San Ginés a su llegada al Palacio de Justicia. / CARRASCO

Tras San Ginés, fue turno para el antiguo secretario. Perdomo se acogió al derecho de no declarar, declinando incluso dar respuesta a preguntas de su defensa.

El tercer encausado, José Juan Hernández Duchemín, gerente en 2014 del Consejo Insular del Agua, corroboró el planteamiento de San Ginés con respecto a la defensa del interés vecinal. Y sobre el hecho de que Club Lanzarote vendiera a terceros, indicó que «se estaba atentando contra el derecho de los consumidores». Y sobre la cesión a Canal Gestión precisó que «no había otra».

Testigos

También declararon seis testigos, siendo especialmente relevantes Gerardo Díaz, entonces gerente de Canal Gestión; y Pedro Soriano, letrado de Club Lanzarote. El primero indicó que no había otra empresa con capacidad para seguir desalando y vendiendo. El segundo matizó que no tuvo conocimiento de la incautación hasta el mismo día de los hechos.

La vista seguirá el miércoles con una decena de testigos, incluido Joaquín Cañadas, titular de Club Lanzarote que negoció la renunció a acciones penales. La desaladora está ahora bajo gestión de la propiedad.

Meca y Ramírez, acusación

Las tres defensas, en las cuestiones previas, plantearon que se debía evitar la celebración de la vista, atendiendo a que la acusación popular inicialmente planteada por Podemos, en 2015, no podía tener ahora vigor con Carlos Meca y Pablo Ramírez, exconsejeros cabildicios ya desvinculados de los morados. La jueza declinó la demanda, teniendo apoyo de Fiscalía, y dijo que habrá valoración en la sentencia. También la magistrada se declaró competente para enjuiciar.