Arranca la vista judicial por la construción de 53 casas en La Bufona
El juicio, que se repite, no se pudo hacer en enero. Entre los responsables civiles subsidiarios, la alcaldesa de Arrecife y el fiscal Miguel Pallarés
José R. Sánchez
Arrecife
Lunes, 5 de junio 2023, 23:26
El arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro de nuevo están siendo juzgados por los supuestos delito contra la ordenación del territorio y desobediencia civil, en relación con la construcción de 53 viviendas en La Bufona, en Arrecife. La vista, que se sigue por el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, está previsto que tenga continuidad en dos fechas de la semana venidera y el 19 de junio.
Esta causa deriva de una denuncia de finales de 2000 del Seprona de la Guardia Civil. Ya hubo una vista judicial en 2015, también con Antonio Caro y Federico Echevarría en el banquillo de acusados; que resultó nula, por la ausencia entonces de los responsables civiles subsidiarios. Fue la Audiencia Provincial de Las Palmas la que ordenó la repetición.
Entre los inmuebles afectados figuran propiedades a nombre de Ástrid Pérez, alcaldesa de Arrecife; y Miguel Pallarés, vinculado al Ministerio Fiscal. Ambos son parte de los responsables civiles.
Hechas antes de la denuncia
En la apertura de la vista este lunes, los dos encausados, uno presente en el Palacio de Justicia y el otro valiéndose de medios telemáticos a causa de su salud en estado precario, dejaron en claro que las viviendas se remataron entre fin de 1999 y los primeros meses de 2000; de modo que no atentaron contra las órdenes de paralización, fechadas tiempo después.
También argumentaron que actuaron asumiendo preceptos del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). «En Lanzarote no se ha construido nada más legal que lo que construimos nosotros», sostuvo el primero de los interrogados.
Además, los dos acusados aseguraron que las ampliaciones ejecutadas por los compradores fueron ajenas a sus competencias. Y dieron a entender que el suelo sobre el que se edificó por los nuevos dueños estaba incluido en la parcela de Brisa Inversiones, la mercantil promotora.
Sobre la propiedad, se conoció el parecer de Gonzalo Murillo, quien lleva litigando años, por considerar que le fue usurpado suelo de su propiedad para edificar en La Bufona. La parcela fue adquirida por la familia Murillo, con gestiones formalizadas en la isla de Gran Canaria, declaró.
Prescripción, anulación
Antes de las declaraaciones se plantearon relevantes cuestiones previas. Las defensas, así como buena parte de la quincena de letrados de los responsables civiles subsidiarios, en riesgo de verse obligados a demoler parte de sus inmuebles, pidieron considerar prescrita la causa, por el tiempo transcurrido. El magistrado Francisco Javier Bretones se opuso, pues considera que esta valoración deberá asumirse después de conocer las periciales.
La acusación particular solicitó la suspensión, considerando que hay riesgo de que nuevamente se anule la vista, al no figurar todos los responsables civiles subsidiarios.
