El Cabildo palmero pide volver a realizar el grado de discapacidad en la isla

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, ha requerido al Gobierno de Canarias que resuelva las trabas administrativas que mantienen paralizado el convenio que permitía realizar en la isla los informes necesarios para la valoración y observación que permita obtener el grado de discapacidad.

Hernández, en un comunicado, considera que resolver esta situación es una de las actuales prioridades del grupo de gobierno insular, preocupado, agrega, por el retraso acumulado que está perjudicando a más de 1.200 palmeros que aún tienen pendiente de tramitar sus expedientes «y que les produce un agravio en el ejercicio de los derechos que por ley les corresponden si se les reconociese el grado de discapacidad».

La consejera recalca en la nota que no se puede seguir consintiendo el enorme perjuicio que se le está causando a estas personas que aún no pueden solicitar pensiones no contributivas por invalidez, ayudas económicas a la familia por hijo o hija a cargo, tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, reducción en el pago de algunos impuestos o acceso a puestos reservados para personas con discapacidad entre otros.

Indica que es una consecuencia «de la desidia en este asunto por parte del Gobierno de Canarias».

Hernández señala que el Cabildo de La Palma mantiene la disposición de los medios necesarios que permitan la realización de estos informes necesarios para obtener de discapacidad, siendo imprescindible que se formalice, de una vez, el convenio que ampara a la administración local en la prestación de esos servicios.

Nieves Hernández recuerda que el Cabildo de La Palma, en el marco del acuerdo con la Consejería regional de Derechos Sociales, es quien se encarga de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, a través de un equipo de valoración y orientación (EVO) en La Palma.

Este servicio se paralizó durante el estado de alarma y no se ha podido volver a reactivar dado que el convenio finalizó el 31 de mayo de 2020, «pese a que se ha pedido en varias ocasiones al Gobierno de Canarias retomar el acuerdo» añade.