Vecinos de Mogán temen que el PGO les prive del uso de sus casas

A los afectados les alarma que al actualizarse el planeamiento municipal, entren en vigor y se apliquen en el municipio normativas de rango superior, como la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, de ámbito regional, aprobada en 2013, que prohíben o limitan el uso residencial en suelos de uso turístico, como es el caso de varios núcleos costeros de Mogán, entre los que figurarían, según informan los vecinos, la zona más próxima al mar en Patalavaca, Puerto Rico, Playa del Cura, Amadores o el propio Puerto de Mogán. En caso de negarse al uso turístico, les han dicho que las sanciones van desde los 30.000 a los 300.000 euros.

Elsa Adán, que ejerce de portavoz de los vecinos afectados del edificio Don Paco, se queja de que el Ayuntamiento ha sacado a exposición pública el PGO en pleno verano y de que el gobierno local no ha hecho nada por explicárselo a los vecinos. Confiesa que se enteraron por un wasap del riesgo que corrían sus casas y que sobre la marcha se han movilizado para presentar cuantas más alegaciones sea posible, para lo que han contado con el asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística que se fundó en 2015 en Playa del Inglés cuando San Bartolomé de Tirajana intentó también aprobar su PGO. «Muchos son extranjeros y ni siquiera están aquí; me he tenido que mover con los consulados para poder tramitarles sus alegaciones y entregarlas en plazo».

Adán, que anuncia que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la ha citado para el próximo lunes, exige que se respete el uso consolidado de sus viviendas y advierte de que llegarán hasta las últimas consecuencias para conseguirlo. «El derecho a la propiedad es un derecho constitucional y lo defenderemos en los tribunales». Por lo pronto, han iniciado una recogida de firmas en change.org que ha logrado ya 3.311 rúbricas.

Los ediles de PSOE, Artemi Artiles, y PP, Maycol Santana, ambos en la oposición en Mogán, han remitido un comunicado conjunto en el que piden a la alcaldesa que, ante la «incertidumbre» generada, aclare a los propietarios de casas en suelo turístico y a la opinión pública en qué les puede afectar el PGO. Por lo pronto, señalan que los técnicos municipales les han transmitido «que no es en el Ayuntamiento donde se debe discutir el uso residencial de las viviendas ubicadas en suelo turístico». Ambos creen también que, en caso de sanciones, serían una competencia del Gobierno y del Cabildo y que hasta ahora no se han materializado en ninguna zona turística. Por otra parte, a ambos les preocupa las limitaciones que traerá consigo que algunas zonas de Soria pasen a ser suelo rústico de asentamiento rural y que otras de Cortadores pasen de suelo de protección agraria a otro de protección paisajística.