Teror aprueba liquidar los gastos de la piscina pese a la negativa de la Interventora
La Secretaria General advirtió de la suspensión de estos pagos por inexistencia de crédito adecuado y suficiente
El Ayuntamiento de Teror aprobó en el pleno extraordinario de ayer destinar 468.592 euros para liquidar las obligaciones que se derivan de la gestión de las instalaciones deportivas de Teror, correspondiendo 330.302 euros a gastos en área seca y 138.289 euros al área acuática, donde se incluyen los gastos de la piscina municipal. Todo ello pese a que la Interventora del Consistorio suspendió estos pagos por la inexistencia de crédito adecuado y suficiente para la aprobación y disposición del gasto.
La Secretaria General decidió tomar esta decisión al considerar que la existencia de crédito presupuestario y que el presupuesto no es adecuado ni suficiente en base a la naturaleza del gasto. En cambio, el Gobierno local creyó oportuno dar continuidad al expediente tras no estar de acuerdo con la discrepancia de la Interventora del Ayuntamiento de Teror.
Isabel Guerra, portavoz de Nueva Canarias en Teror, explicó que «el contrato para terminar la piscina estaba en prórroga», por lo que «se debería haber procedido a hacer un contrato nuevo». La decisión del Gobierno local fue seguir adelante y llevar el levantamiento del reparo al pleno, «ignorando que la Interventora indica en sus informes que no se cumple, entre otras, con la Ley de Contratos», puntualizó Guerra.
Además, la concejala del partido opositor comentó que «la Secretaria General especificó que la junta de gobierno no podía aprobar ese reparo, sino que se debía llevar a pleno», matizó Guerra. La portavoz defendió que se debería haber realizado una modificación, «con su correspondiente retención de crédito y su informe de necesidad» para ejecutar el proyecto y luego adjudicar la obra. Según Guerra, este proceso no se ha seguido de esta manera y por ello la Interventora decidió suspender los pagos.
Tras varias modificaciones por parte del Gobierno local del reparo y la continua suspensión por parte de la Secretaria General, se decidió contratar a un técnico externo «para hacer informes que digan que el proceso es válido», volviéndose a encontrar con la negativa de la Interventora, ya que «consideró que al no ser un técnico del área de deporte no tenía la potestad para acreditar la aprobación del reparo», contó Guerra.
