El Gobierno insta al sellado del vaso de Hoya Caldereta

Aunque la resolución firmada por el director general José Domingo Fernández va dirigida al Ayuntamiento de Telde en tanto que titular de la instalación, desde el gobierno municipal aclaran que, tal como se establece en el pliego de condiciones económico administrativas que rigen las concesión, es la adjudicataria (la UTE Construcciones Rodríguez Luján - Transportes Cerrillal y Félix Santiago Melián) la encargada de solicitar cuantos permisos y autorizaciones administrativas sean necesarias para la puesta en funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

No en vano, apuntan desde la corporación local, eso es justo lo que se ha venido haciendo desde la puesta en funcionamiento del vertedero controlado hasta la actualidad, por lo que, según insisten desde el Ayuntamiento, es la concesionaria la responsable de la petición de esa solicitud.

Añade el ejecutivo local que preside Carmen Hernández que esta medida se adopta tras vencer el plazo de 12 meses que se dio a los titulares de todos los vertederos y, en su caso, todas las entidades explotadoras que estuvieran en funcionamiento a la entrada en vigor de ese real decreto, incluidos los vertederos existentes autorizados (como es el caso de Telde), para que solicitaran al órgano competente de la comunidad autónoma una revisión de su autorización de conformidad con los artículos 10, 11 y 12.

Dado que no se hizo, precisa la corporación local, se considera que la autorización administrativa de prórroga del vertedero concedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 2018, por un plazo de 8 años, no se ha adaptado al real decreto y que, por tanto, deja de estar vigente. Por dicho motivo, sigue aclarando el gobierno municipal, el Ejecutivo regional insta al Ayuntamiento, como titular del vertedero, a exigir a la empresa adjudicataria a proceder a cesar los vertidos y a sellar y clausurar el vaso.

Dicho y hecho. El consistorio dio cuenta este martes de que ya ha cumplido con ese mandato: ha notificado a la UTE esa resolución. Y la concesionaria, según también el gobierno municipal, les respondió el pasado 16 de junio informándoles de que «en breve» procederá a realizar «las gestiones necesarias para la conclusión de los vertidos, redactar el proyecto de sellado y clausura y obtener la autorización preceptiva de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias».

Este periódico intentó este martes sin éxito conocer la versión de la empresa concesionaria. Declinó hacer declaraciones. Por su parte, el Ayuntamiento aclara también que esta medida de cierre «no está vinculada a ningún tipo de denuncias ni iniciativas de terceros», en alusión a las acciones de Ciuca, partido en la oposición.