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La UTE a cargo del polideportivo La Barranquera reclama 35 millones de euros al Ayuntamiento de Telde

La adjudicataria solicita al Gobierno la suma de la obra y los beneficios dejados de percibir como consecuencia de los retrasos y, además, rechaza ya la concesión

Juan Pérez Benítez
JUAN PÉREZ BENÍTEZ Telde

El partido político de Ciuca ha sacado a la luz que la UTE conformada por Syocsa-Inarsa SA e Ifitness Las Palmas Instalaciones Deportivas SLU envió un escrito de 219 páginas al Ayuntamiento de Telde en diciembre de 2021 en el que le realiza una reclamación patrimonial del inmueble y los servicios que no ha podido prestar hasta ahora, como consecuencia de los retrasos en la instalación de la red eléctrica a cargo del consistorio, por un valor de 35 millones de euros.

Por separado, la entidad solicita 9,7 millones por el montante de la obra y el equipamento adquirido y otros 26 millones por los beneficios no percibidos desde el 1 de abril de 2020, fecha en la que debería haber abierto el centro deportivo. Ademas, la empresa expone que la concesión «ya no es de su interés» como consecuencia de los «incumplimientos de la corporación».

El principal escollo de este proyecto continúa siendo la falta de electricidad en el edificio. Un servicio esencial que debe proporcionar el propio consistorio para el desarrollo de la actividad y que se ha ido retrasando con el paso de los años.

Según Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca, el documento presentado a la alcaldesa y a la Junta de Gobierno que «Carmen Hernández ha ocultado durante todo este tiempo a la ciudadanía, al órgano municipal y a sus propios socios de gobierno, se trata de una reclamación que puede perjudicar gravemente a la salud económica del consistorio y por lo tanto a la prestación de los servicios básicos municipales y al bienestar de la ciudadanía». Además, entiende que la primera regidora «debe comparecer de manera urgente y explicar lo que está sucediendo».

Por su parte, Héctor León, concejal del PSOE, interpreta que «es un hecho desagradable que una empresa vuelve a llevar a los juzgados al Ayuntamiento por una situación de este tipo, después de tantos años con las instalaciones deportivas cerradas». Además, León explica en declaraciones concedidas a este medio que «la situación de Telde ahora mismo es preocupante. Estamos terminando la legislatura y seguimos de la misma forma. Los que están gobernando parece que no van a cumplir las promesas que dijeron en la campaña y eso no se lo merece el pueblo teldense».

El Gobierno no cree que tengan derecho a una indemnización

Mientras tanto el Ayuntamiento de Telde explica que continúa trabajando de la mano de la Consejería de Industria, Endesa y la empresa concesionaria para poner en marcha cuanto antes la instalación deportiva de La Barranquera. « Los trámites municipales se encuentran ya en sus últimos coletazos, como muestra la cesión de uso de la red de distribución que aprobará la Junta de Gobierno Local este viernes. Por tanto, la parte que depende de la Administración queda culminada con la obra eléctrica del ámbito de La Barranquera».

Desde que se otorgó la concesión administrativa para la ejecución y explotación del recinto deportivo, la Institución local ha venido trabajando para solventar las múltiples vicisitudes en las que se ha visto envuelta la obra: el fallecimiento del técnico redactor del proyecto eléctrico original, diversos cambios normativos, el periodo de pandemia sanitaria y los normales trámites burocráticos que ralentizan las actuaciones públicas.

El Ayuntamiento entiende que «en ningún caso tiene razón de ser esta reclamación, toda vez que aún no existe ninguna autorización de la Junta de Gobierno Local para la puesta en funcionamiento de la instalación, pendiente de temas eléctricos –tanto de media como de baja tensión- que dependen, entre otros, de la propia empresa reclamante».

«A día de hoy la empresa no ha expresado intención de renunciar al contrato», mantiene la administración. Por tanto, no parece razonable plantear una indemnización a cargo del futuro periodo de la explotación, lo que se llama lucro cesante, cuando a efectos legales la explotación no ha iniciado su vida administrativamente hablando. Los servicios jurídicos municipales estiman que la concesionaria no tiene derecho a ninguna indemnización puesto que aún no dispone de autorización administrativa para poner en marcha la concesión.

«La reclamación de la concesionaria corresponde a su inversión más el supuesto lucro cesante durante los 40 años que dura la propia concesión. Sin embargo, el referido lucro cesante, si procediera, debe empezar a calcularse a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que se apruebe la puesta en funcionamiento de las instalaciones, y siempre que, a partir de ahí, el complejo deportivo no se ponga al uso por causas achacables a la administración», explican.