El PP sopesa denunciar la ampliación del área de vertidos de Juan Grande

Asegura que esa ampliación está destinada a acoger las basuras que ahora se llevan al vertedero de Salto del Negro

EFE Las Palmas de Gran Canaria

El PP ha advertido este lunes que no descarta presentar una denuncia por infracciones medioambientales y ecológicas si el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana permite que el Cabildo de Gran Canaria amplíe el vaso del Ecoparque de Juan Grande para recibir más residuos no reciclables.

En un comunicado, los concejales del PP en el consistorio del sur de la isla aseguran que esa ampliación está destinada a acoger las basuras que ahora se llevan al vertedero de Salto del Negro, en el Ecoparque Norte de Las Palmas de Gran Canaria.

PP-Agrupación de Vecinos sostiene que esa ampliación «contradice el mandato legal ejecutivo del acuerdo plenario que la Corporación de San Bartolomé de Tirajana adoptó por unanimidad en febrero de 2004, que limitó la superficie máxima de ocupación de aquella instalación a 325.454 metros cuadrados, y su capacidad de carga a 1.350.000 metros cúbicos».

La portavoz popular, Elena Álamo, asegura que el PSOE y Nueva Canarias, que gobiernan tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, quieren «ampliar el vertedero de Juan Grande como sustituto del Ecoparque de Salto del Negro, que está obligado a sellar y clausurar todos sus vasos de vertido en un plazo máximo de cinco años, por orden del Gobierno de Canarias en cumplimiento de la normativa ambiental de la Unión Europea».

«Una prueba que evidencia la intención connivente de ambas administraciones sobre la ampliación del Ecoparque de Juan Grande es el rechazo del cuatripartito (del Ayuntamiento) en el pleno del pasado viernes a una moción, donde AV-PP instaba a recordar al Cabildo que tiene la obligación de respetar el contenido integro del acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento en febrero de 2004», añade.

La portavoz de AV-PP acusa a la alcaldesa, Concepción Narváez, y su equipo de gobierno de cometer «una grave dejación de funciones y, sobre todo, un grave incumplimiento de sus máximos deberes de actuar siempre en defensa del interés público del municipio y de velar por la preservación de la salud de sus habitantes, además de respetar con el debido sigilo legal la normativa de protección ambiental del suelo rústico».

«Hace 16 años apoyaron el acuerdo, que es de obligado cumplimiento, adoptándose por unanimidad de todos los grupos políticos que conformaban la Corporación. El rechazo de su cumplimiento retrata su pobreza de ideales y, lamentablemente, que no tienen ningún respeto por el municipio y sus vecinos», opina Elena Álamo.