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El Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria ha solicitado la comparecencia de la consejera de Política Social, Isabel Mena, para explicar la situación en los Centros de Atención a la Discapacidad Intelectual (CADI), en particular ante la decisión de Fiscalía de abrir una investigación sobre presuntos malos cuidados denunciados por familiares en el centro de Las Longueras, en Telde.
Su portavoz, Miguel Jorge, también ha reclamado al Cabildo todas las actas de inspección correspondientes a este centro desde el cambio de concesionaria, hace un año, y ha exigido a Política Social «que actúe de motu propio» sin esperar a las conclusiones de Fiscalía.
Según Jorge, las instalaciones de los dos centros que ha visitado el Grupo Popular no reúnen las condiciones adecuadas para prestar un servicio de calidad a los usuarios. En breve, agregó, visitarán los otros dos centros, los de Guía y la capital. Además, lamentó la «falta de sensibilidad» del Cabildo para mejorar el trato a los usuarios.
Por su parte, la empresa concesionaria de la gestión de los cuatro CADI de Gran Canaria notificó este miércoles por escrito a Ricardo Redondas, gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que desiste de su intención de dar agua del grifo a los usuarios.
Este replanteamiento se produce después de que el anuncio de esta medida desatara las protestas de los familiares, que vieron colmado el vaso de su paciencia y decidieran entonces sacar a la luz sus reiteradas quejas por las deficiencias en el servicio. Por lo pronto, Redondas tiene previsto reunirse este jueves con representantes de las AMPAS de los 4 centros.
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