Vista de la fábrica de cemento desde la costa de Arguineguín. / C7

La patronal turística ve un «premio de seis años más al incumplidor»

El uso compartido del puerto de El Pajar «es incompatible» y no encaja con el Plan Insular de Ordenación para la FEHT de Las Palmas

Jesús Quesada
JESÚS QUESADA Las Palmas de Gran Canaria

A la patronal turística provincial la solución propuesta por el Gobierno de Canarias para el puerto de Santa Águeda le parece «un aplazamiento» de lo que considera una determinación vinculante del planeamiento vigente, la reconversión del muelle en deportivo una vez finalice la actual concesión.

El uso compartido de las instalaciones portuarias «no encaja» con el Plan Insular de Ordenación, que para la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas establece claramente que pasarán a tener un uso deportivo-turístico «y no mixto» cuando venza la concesión.

Las fuentes consultadas sostienen que mantener el uso industrial hasta que la cementera se traslade al Polígono Industrial de Arinaga supone «darle un premio de seis años más al incumplidor», en alusión a Ceisa, i nstalada en Santa Águeda desde hace 65 años y que «desde 1972 ha tenido 50 años para llevar a cabo la deslocalización» de esta industria pesada. «¿Van a hacer en seis años lo que no han hecho en 50?», se preguntan.

Usos incompatibles

Para la patronal turística de Las Palmas, el uso compartido, industrial y deportivo, del puerto de Santa Águeda «es incompatible» y se pregunta «qué garantías existen de que se cumpla el plazo que se establezca para el traslado».

Vista de la cementera, al fondo de la imagen, y de un resort abierto en Santa Águeda. / Arcadio Suárez

La FEHT no considera precisa una revisión del PIO para que la determinación de modificar el uso del puerto sea vinculante «porque ya lo es» y retrasar el cambio de uso de las instalaciones solo favorece a la empresa «que no ha hecho los deberes a tiempo».

A su juicio, de todos modos, la concesión del puerto está vencida desde marzo del año 2020 y no acaba el 29 de octubre próximo, como sí sostienen Ceisa y el Gobierno canario.