Un momento de la vista oral. A la izquierda, los dos acusados. / cober

Mogán no tomará ninguna decisión sobre los policías condenados hasta la firmeza del fallo

Uno de los dos agentes sigue operativo, en el turno de noche. NC insta a que el edil de Policía asuma la indemnización con cargo a su patrimonio

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Mogán

El Ayuntamiento de Mogán no tomará ninguna decisión sobre la situación actual de los dos policías locales que acaban de ser condenados por la Audiencia Provincial hasta que la sentencia no cobre firmeza. Esta es la posición que defiende el gobierno municipal y que este martes dejó muy clara el actual responsable de Seguridad, el edil Mencey Navarro.

El fallo, que en efecto es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, condenó a los dos agentes a siete años de prisión como autores responsables de un delito de tortura, en su modalidad de atentado grave a la integridad moral, y otro de lesiones, consumados ambos sobre un senegalés, con residencia reconocida en la UE, al que, según la sentencia, dieron una paliza en 2011. También les impone a ambos acusados una inhabilitación absoluta de 10 años y el pago a la víctima de una indemnización, conjunta y solidaria, de 43.681 euros. Y declara como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Mogán, que deberá abonar ese dinero en el caso de que los condenados no puedan afrontarlo.

Uno de los dos agentes sigue operativo. Está en el turno de noche. El otro está en prisión por una causa anterior por violencia machista. En principio, y mientras la sentencia no sea firme, seguirán en sus puestos como policías.

Esta posición choca de frente con las tesis de NC, en la oposición, que este martes lanzó un comunicado para exigir que el edil de Policía asuma con cargo a su patrimonio el pago de la indemnización a la víctima si los condenados no se hiciesen cargo. La edil Isabel Santiago justifica esa petición por su «actuación negligente» y tras «el aparente y posible apoyo que parecía estar dando a los agentes procesados con su presencia en el desarrollo de las sesiones judiciales». Le sorprende que actúe ahora así cuando en 2014, estando en la oposición, reclamó que se les abriese un expediente disciplinario. Pero dice NC que cuando asumió el cargo no hizo nada para expedientarlos y que, sin embargo, sí «fue capaz de suspender de empleo y sueldo a otros 4 agentes, a los que la Justicia les acabó dando la razón, por incumplir supuestamente una orden de precinto».