Mogán pide que se respete el uso turístico que la ley da a los hoteles

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que la primera edil se ha dirigido mediante escrito al órgano de Intervención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones así como al de Comunidad Autónoma de Canarias apelando a la misión de control y gestión financiera de estos sobre las mencionadas administraciones públicas, solicitar que no continúen permitiendo el incumplimiento de la normativa turística y urbanística de Canarias con el uso de los complejos turísticos como centros de acogida asistencial a personas migrantes.

En las carta, Bueno señala que el Ministerio de Migraciones ostenta la competencia en extranjería así como a la Comunidad Autónoma de Canarias corresponde la atención integral a los menores extranjeros no acompañados y, por tanto, ambas administraciones tienen que garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial a las personas migrantes, poniendo a disposición de quienes realizan esta labor los medios económicos pertinentes empleando los canales que ofrece la legislación en materia de subvenciones y contratos.

Para cumplir con ella, sostiene que el Ministerio y el Gobierno de Canarias «no pueden contradecir la normativa turística y urbanística aplicable en el archipiélago», que protege el uso exclusivamente turístico de los hoteles y complejos de apartamentos conforme a la calificación de uso asignada por el planeamiento a la parcela donde estos se ubican y a la licencia obtenida por los inmuebles en el momento de su edificación.

«Sin embargo --añade-- es exactamente lo que está ocurriendo actualmente al destinar ambas administraciones subvenciones y firmar contratos para mantener los establecimientos de alojamiento turístico como centros de atención y asistencia a personas extranjeras en situación irregular».

Además, la alcaldesa hace referencia la Ley General de Subvenciones, que en su artículo 36 contempla como causa de nulidad de la resolución de concesión de una subvención las indicadas en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y como causa de anulabilidad las infracciones del ordenamiento jurídico.

También se refiere a la Ley de Contratos del Sector Público que determina que los contratos celebrados por poderes adjudicadores, en este caso por el Ministerio de Migraciones y la Consejería de Derechos Sociales de Canarias, devienen inválidos cuando en ellos concurra alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil, cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación --como por ejemplo la infracciones del ordenamiento jurídico--, o en aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.