Vista de la urbanización turística de Puerto Rico. / C7

Mogán descarta que la anulación del Costa Mogán afecte a lo construido

El edil de Urbanismo recuerda que la sentencia aún no es firme, mientras que a NC le preocupan las posibles consecuencias económicas

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO

El edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, descarta absolutamente que la reciente anulación judicial del Plan de Modernización, Mejora (PMM) e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán, en el caso de que adquiera firmeza, afecte a lo que ya se ha construido al amparo de las posibilidades de desarrollo que preveía ese planeamiento. En otras palabras, que no implicará derribar los dos nuevos centros comerciales y el supermercado construidos en Puerto Rico en virtud de tres convenios urbanísticos aprobados por el consistorio en 2017 bajo el paraguas de este plan de ordenación, que data de 2015.

En todo caso, Navarro, que aclara que fue el gobierno del PP en el anterior mandato el que promovió este PMM en el Ayuntamiento, pone el acento en que esta «herramienta urbanística sigue plenamente vigente» en la medida en que, subraya, la sentencia dictada el pasado 3 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no es firme y es recurrible ante el Supremo. «Está tan vigente como antes y por eso, pese a esta resolución judicial, el Ayuntamiento tendrá que seguir dando salida a aquellas propuestas o inversiones que se puedan promover de acuerdo a las determinaciones que fija ese PMM». A su juicio, no cabe interpretar siquiera que tras este pronunciamiento judicial todo el desarrollo que emane a partir de ahora de este plan de modernización esté sometido a cierta inseguridad jurídica, porque, según insistió, «está plenamente vigente». Y en el hipotético caso de que adquiriese firmeza, precisó, solo afectaría al desarrollo posterior, a lo que se pueda tramitar a partir de entonces, que estaría sujeto a lo que dispongan las normas subsidiarias y no este plan.

El contencioso lo puso la comunidad de propietarios del Centro Comercial Puerto Rico Fase I, que denunció la parte del PMM que regula las áreas homogéneas E. Entendían que provocarían un exceso de oferta comercial. Pero el TSJC ha anulado todo el plan, que fue aprobado por el Gobierno canario en 2015, porque carece de un informe favorable de Costas, que es preceptivo y vinculante. Así y todo, es recurrible. Mogán no se ha planteado hacerlo, pero no lo descarta.

Desde NC, en la oposición, la edil Isabel Santiago sostiene que la sentencia, fruto de la «irresponsabilidad» de Onalia Bueno (la alcaldesa), es «un mazazo» para Mogán. Le preocupan las posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento y para los inversores, y la «inseguridad jurídica en la que quedan los convenios urbanísticos aprobados». Recuerda que antes de su aprobación planteó en el Pleno que fuese revisado «por posibles errores formales, que ahora se confirman, y porque suponía pasar de 64.000 metros cuadrados de suelo comercial a más de 133.000, una liberalización brutal del suelo».