Los agricultores también saldrán a la calle en Gran Canaria en marzo

Las organizaciones agrícolas y ganaderas de las islas consideran que las medidas del Real Decreto que reforma la Ley de la cadena alimentaria suponen «un avance», pero son «insuficientes».

José Miguel Pérez
JOSÉ MIGUEL PÉREZ

Los agricultores y ganaderos se manifestarán también en las calles de la capital Gran Canaria este mismo mes de marzo, después de la movilización prevista el próximo sábado día 14 en Santa Cruz de Tenerife para reclamar los precios justos de sus productos y mejoras en el sector.

Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag) –una de las tres organizaciones del sector convocantes junto a Asaga Canarias y UPA–, explica que aún hay razones de peso para sacar a los tractores a la calle pese a los «avances cualitativos y cuantitativos que conllevan la modificación del Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de febrero.

El texto que reforma la Ley de la cadena alimentaria incluye medidas frente a la venta a pérdidas, introduce los costes de producción como referencia a incluir en los contratos al fijar precios de venta, además de la publicidad de las sanciones graves y muy graves, algunas de las reivindicaciones más importantes del sector. Pero Hernández considera que hay muchos aspectos aún por concretar, y de ahí que el campo no quiera bajar la guardia: «Hay un Real Decreto, pero ahora hay que aplicarlo y desarrollarlo en las comunidades autónomas, en función de las competencias transferidas», recuerda el representantes de Coag.

También considera esta organización agraria que la legislación sigue teniendo lagunas a corregir. Por ejemplo, Coag Canarias plantea que «debería crearse un registro de los contratos entre los agricultores y ganaderos y las empresas de distribución para que la administración pública compruebe que se ajustan a derecho». Reclama además el sector la creación de «la figura del mediador, a la que se pueda invocar antes de entrar en litigios, para superar las diferencias entre ambas partes».

De fondo también se mantiene la incertidumbre sobre las políticas de subvenciones europeas en negociación. El sector ve «inasumible» la rebaja presupuestaria del 20% en la PAC y el 24% en Fondos de Cohesión, que ha cifrado en 1.071 millones menos a percibir por el sector en los próximos siete años.

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