Imagen de la casa tapiada y vallada tras el incendio del lunes pasado. / C7

¿Pero de quién es esta vivienda?

Los residentes de la casa incendiada en Vegueta llevan toda la vida en ella y reclaman su derecho a permanecer allí. «Buscan la manera de echarnos», denuncian

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Fue la casa que habitó su abuelo. Luego sus padres. Y hasta el lunes pasado, cuando unas llamas quemaron enseres y recuerdos en pleno corazón de Vegueta, en la que ellos crecieron. Allí escuchaban a su abuelo contarles que la vivienda era conocida como «casa forte y que tenía dos cañones apuntando al mar», como evoca Carmen María Felipe, una de los cinco hermanos que reclaman ahora el derecho de su familia a permanecer en ella.

La historia de esta familia en la vivienda que ahora está tapiada, y cuyo incendio está siendo investigado por el Cuerpo Nacional de Policía, «parece una película de terror, es como si buscaran la forma de que nos fuéramos».

Todo arranca en el año 1943. El abuelo de los actuales inquilinos, Manuel Felipe Hidalgo, alquila el inmueble a sus propietarios, quien el año antes habían comprado la casa. Se trata de un edificio con un pequeño salón, que se utilizó durante años como tienda de aceite y vinagre por la familia Felipe, dos habitaciones, un patio, una cocina y un baño.

Al menos hasta el año 1947, que es cuando se tiene constancia de recibos por el alquiler de la casa (161,5 pesetas), la familia fue pagando de manera puntual todas las mensualidades. «Mi padre nos dijo que, de palabra, el dueño le había dado la casa a mi abuelo porque desheredó al hijo», explica Carmen María.

Recibo de alquiler de la familia pagado en 1943. / C7

Con esa tranquilidad, pero sin papeles, continuaron viviendo en la casa, con el convencimiento de que era suya. De hecho, pasaron los años y ellos seguían pagando la luz y el agua: «hasta 2019 la luz seguía a nombre de mi abuelo».

Sin embargo, en el registro de la propiedad, la vivienda iba teniendo una existencia al margen de los avatares de la familia Felipe. Una nota oficial da cuenta de la cancelación de la inscripción que recogía la venta en favor de Juan H. y Eloísa B. por la compra que en 1942 se formalizó con la que entonces era su propietaria, Ana Santana. « Firma ilegible», se deja constancia.

Para la familia Felipe, esto arroja dudas sobre la legalidad de las transmisiones que se van a ir sucediendo en los años siguientes.

Sin embargo, la nota siguiente que pesa sobre la propiedad hace referencia a un auto judicial, emitido en noviembre de 1953, que parece certificar que la propiedad era de Eloísa B. y sus descendientes. Con ello, se abre la vía a una posterior venta de la casa, que pasó a ser propiedad de Antonio I. y Antonio R., ya en el año 1954.

Ellos fueron los que tuvieron la propiedad -pese a que el uso seguía siendo de la familia de Manuel Felipe-hasta que en 1960 los últimos dueños decidieron venderla al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por un importe de 80.041,5 pesetas. La idea era convertirlo en sala de exposiciones, pero no prosperó.

Pese a todos los cambios de propietario, nadie se acercó nunca a decirles que se tenían que marchar, nadie tocó en su puerta para informarles de que la propiedad iba pasando de mano en mano. Ellos seguían ajenos a todas estas vicisitudes y la familia seguía creciendo.

E l Ayuntamiento era consciente de que la casa estaba habitada. De hecho, hubo un momento en que se produjo una caída de cascotes y el Consistorio trasladó a la familia -los padres y los cinco chiquillos que hoy ya son adultos de mediana edad- a un albergue de La Isleta. Como la solución que daba el Ayuntamiento no satisfacía a la familia, Manuel Felipe Carrillo, el padre de los actuales inquilinos, decidió volver a la vivienda y arreglarla por su cuenta.

«Entonces el Ayuntamiento le mandó una carta a mi padre y le dijo que la casa había sido declarada en ruinas», detalla Carmen María, «pero mi padre pidió un préstamo y contrató a unos arquitectos para que valoraran la casa, y dijeron que era algo que se podía arreglar». Al final, una sentencia les dio la razón para arreglar la casa y evitar la declaración de ruina, añade Carmen.

Esta ciudadana recuerda que el Ayuntamiento «nos hizo pagar unos arbitrios hasta 2003» y que nunca se preocupó por el estado del edificio. « Solo arreglaron la fachada que da al restaurante Montesdeoca una vez que vino el príncipe», expone.

Vecinos de toda la vida

«Lo que buscan es echarnos de aquí, nos quieren expulsar de la casa sin derechos», prosigue, «aunque no tengamos papeles, hemos vivido toda la vida ahí».

«Son vecinos de toda la vida», certifican algunos de los residentes de la calle Montesdeoca, que les están prestando ayuda.

Creen que pueden acogerse a una figura legal que se conoce como usucapión, que es una forma de permitir el acceso a la propiedad de un bien a quien lo ha poseído durante un tiempo, que es el que define el Código Civil.

Acceso cerrado desde la calle Montesdeoca. / C7

Para complicar más las cosas, se constata la contradicción entre varias notas simples del Registro. Dos de ellas, fechadas el 20 y el 28 de febrero de 2001, señalan que el inmueble de Audiencia 10 y Montesdeoca 13 (las dos entradas) «no figuran inscritas a favor del Ayuntamiento». Sin embargo, otra nota informativa, de 29 de junio de 2001, ya reconoce la inscripción.

«Todo esto ha sido un gran sufrimiento», cuenta Carmen, «lo que pedimos es un techo para mis hermanos, son los derechos de mi familia».

En la actualidad, la casa que se incendió estaba siendo usada por tres de los cinco hermanos. Y el incendio no es algo nuevo. Ha habido otros dos conatos anteriores. Y siempre han tenido la sospecha de que alguien quería echarlos. «Un vecino dijo que vio a dos jóvenes correr y luego se oyó una explosión», expuso Carmen María Felipe en relación al último susto, «fue justo cuando mi hermano había salido de la casa, como si hubieran esperado a que se marchara».