USPB denuncia el reparto de carreteras entre la Policía Local y la Guardia Civil
El sindicato recurre el acuerdo de delimitación de zonas de actuación por supuesta vulneración del derecho a la negociación colectiva
La Unión Sindical de Policía y Bomberos ha presentado un recurso contra el acuerdo adoptado en octubre de 2019 por parte de la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial en Las Palmas sobre la delimitación de las zonas de actuación de las fuerzas de vigilancia del tráfico en la ciudad. En virtud de ese acuerdo, las vías de alta capacidad que quedaban bajo la vigilancia de la Policía Local eran GC-1, GC-100, GC-110, GC-21, GC-111, GC-112, GC-113, GC-114, GC-115, GC-300, GC-308, GC-309, GC-310, GC-311, GC-340, GC-381, GC-382, GC-800, GC-801 y GC-805. A este listado se añadían las travesías de Ladera Alta, Los Giles y Casa Ayala.
El sindicato considera que la redistribución de competencias vulnera el derecho a la negociación colectiva que tienen los empleados públicos cuando las decisiones políticas afectan a sus condiciones de trabajo.
Denuncia también que el Ayuntamiento no aportó el expediente administrativo necesario ni publicó el acuerdo por vía oficial.
Los agentes dicen que no tienen las prendas de visibilidad exigibles en las vías interurbanas
Por otro lado, USPB considera que se atribuye a la Policía Local competencias impropias porque deja en sus manos la vigilancia y el control de vías interurbanas. «Ha de ponerse d manifiesto el incremento de la carga de trabajo que implica el acuerdo adoptado, además de la modificación de las condiciones de trabajo, ya que con una plantilla en la que existen considerables vacantes, han de asumir la realización de atestados, investigación de accidentes y vigilancia de las vías interurbanas que anteriormente tenían encomendada la Guardia Civil», exponen.
Sin la formación necesaria
A todo esto se suma el hecho de que «los miembros de la Policía Local no disponen de prendas de alta visibilidad necesarias para vías interurbanas». El sindicato interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo «cuando tiene conocimiento del mismo, al recibir indicaciones de la jefatura de la Policía Local sobre vigilancia y control de las vías interurbanas». Además, los representantes de los agentes dicen que no tienen formación para actuar ahí.
La demanda fue presentada en primera instancia el pasado 30 de septiembre pero ahora es cursada hacia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el ser el competente para resolver. «Estuvimos tiempo intentando que se convocara mesas de negociación y la pandemia también nos retrasó», explicó el secretario general de USPB, Víctor García.
«Por otro lado, el desplazamiento de efectivos de la Policía Nacional para atender a los migrantes está afectando a los servicios que prestan en la ciudad, de forma que la seguridad se convierte en prioridad de la Policía Local», añadió García.
Esto hace que «la Policía Local tenga que asumir más carga en materia de seguridad, dejando la convivencia y el tráfico en el segundo orden de prioridades».
El secretario general de la USPB concluye que «entre las normas de la pandemia, la seguridad ciudadana y los efectos por los desplazamientos de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, más la asunción de las carreteras interurbanas, el cuerpo de la Policía Local está a máximo rendimiento y arrastrando carencias propias».
En este sentido, la Unión Sindical de Policías y Bomberos se sumó a la petición de los sindicatos de la Policía Nacional para que el Estado destine más efectivos a Gran Canaria y poder atender en condiciones y con garantías el fenómeno migratorio que está afectando a las islas. Por eso, Víctor García solicitó al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que haga una petición formal al Gobierno de España en este sentido.
