Tres hombres, acusados de transportar en una lancha cerca de Gran Canaria más de una tonelada de cocaína: el valor alcanzaría los 40 millones de euros
Los acusados permanecen en prisión provisional desde el 13 de enero de 2024 | Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2024
La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita 13 años de prisión para tres hombres detenidos frente a la costa de Gran Canaria cuando transportaban presuntamente en una lancha más de 1,3 toneladas de cocaína. Los acusados, identificados como M.E., Y.A. y M.E., carecen de antecedentes penales y se encontraban en situación irregular en España en el momento de los hechos.
Los acusados permanecen en prisión provisional desde el 13 de enero de 2024. La causa, en la que está previsto que se alcance una sentencia de conformidad, será juzgada este jueves por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de enero de 2024, a unas seis millas náuticas de la playa de Vargas. Los tres encausados viajaban en una embarcación cargada con 38 fardos que contenían cerca de 787 kilos de cocaína de alta pureza. «Al advertir la presencia policial, arrojaron otros veintiséis fardos al mar, que fueron recuperados horas después, con aproximadamente 522 kilos adicionales de la misma sustancia», indica esta parte.
En total, la droga habría alcanzado un valor cercano a los 40 millones de euros en el mercado ilícito.
La Fiscalía sostiene que los tres actuaban de «manera coordinada» y con intención de introducir la droga en el mercado negro, «siendo plenamente conscientes» del grave daño que este tipo de sustancias provoca a la salud pública.
El Ministerio Público califica los hechos como un delito de tráfico de drogas de extrema gravedad, al concurrir gran cantidad de estupefaciente y el uso de una embarcación. Esta parte interesa para cada uno de los acusados 13 años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese tiempo y una multa de 100 millones de euros.
Además, pide que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio nacional una vez que cada procesado haya cumplido tres cuartas partes de la condena o alcance el tercer grado, con prohibición de regresar a España durante diez años.
